ALICANTE. La Ejecutiva de Compromís Alacant, en su reunión constituyente, entre otros acuerdos, mostró este martes "todo el apoyo a la comunidad educativa pública" e hizo "un llamamiento a la participación ciudadana en la manifestación educativa de mañana jueves 23, ante los recortes y medidas segregadoras en esta materia por parte del gobierno autonómico de PP y Vox", según informan fuentes de la coalición valencianista a través de un comunicado.
En este sentido, el grupo municipal de Compromís lleva al pleno ordinario de mayo una declaración para instar a la Generalitat a retirar la Proposición de Ley por la que se regula la libertad educativa, así como mejorar la propuesta legislativa anterior de 2018, con criterios pedagógicos y con el aval de las universidades públicas valencianas y demás instituciones académicas, según añaden las mismas fuentes.
Para Compromís, "la nueva Ley comporta volver a segregar al alumnado. Por un lado, respecto al distrito único, que afecta sobremanera a la ciudad de Alicante, recordar que Compromís ha instado al TSJ a adoptar medidas cautelares contra el decreto de libertad de elección del centro educativo, el llamado distrito único, ahora que se está produciendo la matriculación".
Según la formación política, "debe ser la proximidad, el elemento central a la hora de que las familias elijan un centro educativo público. En definitiva, se trata de un decreto segregador, donde no se ha escuchado a la comunidad educativa, que mercantiliza la educación, denigra la red pública educativa y responde a la ideología de la extrema derecha".
Por otro lado, Compromís incide en que "se divide a las familias según la lengua vehicular, sin ningún criterio pedagógico; y por otra, se fomenta la creación de guetos lingüísticos. Además, la ley puede generar una confrontación artificial entre familias con el objeto de generar conflicto político, de modo que el partidismo sustituye al aprendizaje como objetivo básico legislativo".
"La politización como factor central de elección comporta que, cada año, las unidades de primer ciclo de infantil eligen de nuevo la lengua vehicular, lo que se traducirá en una suerte de sistema caótico con distintos modelos lingüísticos funcionando en un mismo centro. Y esto impedirá compartir materiales (como Xarxa Llibres) o cualquier trabajo de ciclo o de centro", recalca la nota pública.
"Es una ley de enfrentamiento entre familias que establece una especie de referéndums sin garantías democráticas, donde la opinión de una sola familia puede decantar la imposición de un modelo lingüístico a muchas otras durante toda la escolarización, sin seguir ninguna criterio pedagógico y sin tener en cuenta la participación de los especialistas docentes del centro", concluye el comunicado.