ALICANTE. Compromís en la Diputación de Alicante ha anunciado este martes que su grupo político ha elevado al Tribunal de Cuentas (TCu) la auditoría encargada a dedo por el presidente de la institución, Carlos Mazón, y que confirma la disposición ilegal de, al menos, 45.339 euros desde la institución provincial a las cuentas del Partido Popular de Alicante. En su escrito, los valencianistas reclaman que los gastos no justificados observados en la auditoría del periodo 2015-2018 se amplíen hasta los 446.175 euros. De hecho, la auditoria apuntaría, según Compromís, "a más ingresos sobre sospecha, incluso afirmando que se pagaban las líneas de teléfono personales de miembros del PP con estos ingresos. El informe contable pone en cuarentena estas cantidades, pero no reclama su devolución".
La coalición da así un paso más en su lucha porque el PP no sea el único partido en la institución al que no se le fiscaliza el uso del dinero público que hace su grupo político y que se revierta a las arcas públicas aquellas cantidades que no han sido gastadas conforme a ley. Los valencianistas ya denunciaron ante el TCu que Mazón encargó una auditoría "sin competencias para ello y evitar así acreditar como el resto de partidos con representación en la Diputación el uso de la subvención pública".
Esta auditoria analiza unos ingresos que estrictamente eran para cuestiones vinculadas al funcionamiento del Grupo Popular en la institución, pero que tras años "de filibusterismo judicial se ha conseguido demostrar que el PP multiplicó en la Navidad de 2015 por cuatro su subvención para llegar a financiar hasta el 99,60% de sus gastos de partido". De momento la auditoria, encargada, según Compromís, "de forma forzada y a dedo por el presidente de la institución, Carlos Mazón, confirma la disposición irregular de 45.339 euros desde la institución provincial a las cuentas del Partido Popular de Alicante". En su escrito, los valencianistas denuncian que "Mazón, hasta poco presidente del PP alicantino, habría contratado esta auditoría para minimizar la cantidad de dinero a devolver".
Explica la coalición nacionalista que el Partido Popular multiplicó por cuatro, con el apoyo del PSPV, las líneas de subvenciones a los grupos de la diputación en las Navidades de 2015 ante la pérdida de ingresos tras la crisis electoral de su partido ese año. En total aprobó un gasto para este propósito durante la legislatura de dos millones de euros. Ahora se ha comprobado que "este movimiento estaba desvinculado del funcionamiento del grupo en la institución y en realidad se trataba de una maniobra para financiar el partido de forma irregular". "El debate se sitúa ahora sobre las cantidades de ingreso fraudulento. Carlos Mazón se aferra al resultado de la auditoria que ha contratado a dedo con un coste de 15.000 euros para la institución, Compromís pide para el PP el mismo trato que para cualquier asociación o municipio que incumple las bases de una subvención: la devolución del dinero", denuncia Compromís.
“No nos contentamos en que se nos haya dado la razón después de todo este tiempo sobre la financiación irregular del Partido Popular, el objetivo es que se recupere el máximo posible del dinero desviado de forma irregular de la diputación a las cuentas del PP”, ha señalado el portavoz de Compromís en la institución, Gerard Fullana, quien también ha denunciado las presiones a las que se ha sometido al abogado y trabajador de Compromís que lleva el caso.
Anticorrupción
Asimismo, Compromís también ha facilitado a la Fiscalía Anticorrupción la misma auditoría, que incluso siendo "ilegal" a los ojos de Compromís y que a juicio de la coalición, "viene a confirmar que el vicepresidente de la institución y alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, habría incurrido en falsedad documental para justificar el ingreso de los 446.175 euros en las cuentas de su partido, delito por el que la coalición ya denunció Dolón".
La coalición valencianista amplía así también su denuncia inicial ante la fiscalía, en la cual se requería al ministerio público que investigara si Dolón hubiera firmado una serie de certificados cuyo contenido no se ajusta a la realidad para así evitar la fiscalización de las transferencias irregulares al partido, entre 2015 y 2018, de 446.000 euros de dinero público. El portavoz del PP en la Diputación firmó cinco certificados donde afirmaba cumplir las bases de la subvención sin aportar factura alguna evitando así la fiscalización de la Intervención. Posteriormente, añade Compromís, y durante cinco años, "evitó traer los dictámenes de fiscalización de los ingresos al pleno como era preceptivo con la clara intención de evitar actos firmes recurribles". Todo ello obligó al grupo Compromís a presentar una compleja causa jurídica que acabó el Tribunal de Cuentas y la fiscalía, y que finalmente consiguió que los informes de los ingresos de 2015 a 2018 hayan visto la luz este año 2021 y que hayan tenido que ser auditados este verano.