El presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez y el diputado de Turismo, Edurado Dolón. Foto RAFA MOLINA ALICANTE. El Partido Popular de la Diputación de Alicante, autodenominado Gobierno provincial, no teme nada del caso de las facturas del Patronato de Turismo de la Costa Blanca, destapado por Compromís. Ni tampoco que el caso acabe en un juzgado. En la filas populares tienen claras dos cosas: parte de lo destapado por el grupo de la formación valencianista ya forma parte de la causa judicial que se investiga en un juzgado de Orihuela, y podría estar todo prescrito, y que no harán nada por defender al que ellos consideran viejo PP; es decir, al PP de la etapa de Ripoll.
Sin embargo, el portavoz de la formación nacionalista, Gerard Fullana, sí que tiene un objetivo claro, como ha dejado claro en sus intervenciones: el actual PP, el de César Sánchez, y, sobre todo, el portavoz de la comisión de investigación de la que se han extraído estas facturas, Eduardo Dolón, eran conocedores de las anomalías y, por tanto, a su juicio, las debía haber denunciado. Y no haber cerrado en falso el órgano fiscalizador. Por ello, Fullana ha reclamado este martes la dimisión del propio Dolón: "Preguntamos en diciembre y en enero si con la copia de las informaciones que tenía el grupo del Partido Popular querían destacar alguna conclusión, y repetidamente Eduardo Dolón negó cualquier irregularidad y aseguró que el presidente de la Diputación y todo el grupo popular secundaban sus afirmaciones". Y de ahí que Compromís hará mención a ese hecho en el escrito que presente hoy en Fiscalía. Y también al acta de las conclusiones de la comisión de investigación, que finalmente no se aprobó.
La coalición valencianista ha revelado este martes que "estas informaciones -las irregularidades destapadas- desaparecieron del acta que se pretendía aprobar el último 15 de febrero. Tampoco figuraban graves acusaciones y presiones de técnicos presentes al representante de Compromís . El Partido Popular presionó a Compromís para que votara a favor del acta, extremo al cual se negó el portavoz de Compromís que pidió que constara todo el debate en acta. Después de una extensa discusión, Dolón y -el diputado no adscrito, ex C's- Fernando Sepulcre evitaron votar a favor y se dejó el acta encima la mesa pendiente de revisión", según denuncian los nacionalistas. “Es indispensable que el presidente César Sánchez pida la dimisión a Eduardo Dolón y que dé la cara yexplico por qué no denunciaron nada teniendo toda la documentación a su poder”, han insistido.
Pero toda esta retahíla de acusaciones no parecen perturbar la normalidad del Palacio Provincial de Alicante, donde gobierna el PP con mayoría simple y el respaldo del ex Ciudadanos Fernando Sepulcre. En el seno de la discplina popular, consideran que esta batería de irregularidades denunciada por Compromís está amortizada políticamente y judicialmente, ya forma parte de la causa de Orihuela, que investiga a la ex presidenta local de esa ciudad, Pepa Ferrando. "El informe policial de esa causa ya hablaba de esas cuestiones y la Policía y la Fiscalía descartaron abrir otra vía de investigación en la Diputación de Alicante. Posiblemente, esté todo prescrito", indican desde la bancada popular.
Y es que eso es uno de los temores de Compromís, que muchas facturas hayan prescrito y ellos lo achacan a la tardanza con que se inició la investigación. Pero hurgan más en la herida de cómo se ha gestado esa investigación: "César Sánchez no permitió que se votara en el pleno la presidencia de la comisión y nombró por decreto a Eduardo Dolón; el objetivo era ocultar y presionar”.
Pero sigue sin haber preocupación en el PP. Ni siquiera si a Compromís le da por hurgar una posible extensión de la trama a diferentes municipios gobernados por el Partido Popular "hecho que explicaría la obsesión especial del grupo Popular a la Diputación para tapar el caso". "Somos el nuevo PP y no vamos a responder por las viejas formas de gobernar", afirman desde el Gobierno provincial; es decir, que si salpica algo judicialmente, ya se defenderán el entonces presidente José Joaquín Ripoll, y los ex responsables de Turismo: Sebastián Fernández, hoy asesor del alcalde de Benidorm; Gema Amor, hoy en las filas de los liberales de Benidorm y el torrevejense Domingo Soler, hoy miembro del cuatripartito de Torrevieja. No obstante, hay que puntualizar, como ha remarcado el propio Fullana, que en 2009, a raíz del cambio en la ley de contratación, las empresas señaladas y esas formas de contratación, "desaparecieron".
