ALICANTE. El grupo de Compromís en la Diputación de Alicante ha insistido en la "rendición de cuentas a la que se niega el PP en la institución provincial, ocultando su facturación". Según ha denunciado, "llevan cuatro años evitando justificar sus cuentas de acuerdo a la normativa de la comisión fiscalizadora creada para tal efecto".
El portavoz de la coalición, Gerard Fullana, ha recalcado que el grupo político del PP "omite desde 2016 la obligación de traer los informes de justificación de las cuentas al pleno para ser aprobados en el hemiciclo".
Como consecuencia, según ha criticado Compromís en un comunicado, el PP ha evitado "generar un acto administrativo que pudiera ser denunciado en un juzgado Contencioso-Administrativo y que pudiera demostrarse las irregularidades, obligar a la devolución de toda cantidad injustificada del total transferido al partido (446.000 euros) y evidenciar delitos penales".
Compromís ha aludido a "certificaciones irregulares, ocultación de facturas incumpliendo la ordenanza, desvío del dinero en una cuenta en Murcia sin certificar aún la titularidad de la misma, cobro en cheques que se recibían en mano" y a que "se desconoce el destino de los mismos", así como a "contradicciones a diario del origen y destino de los 466.000 euros transferidos" al grupo popular.
La coalición valenciana ha reprochado de esta forma que "continúa el goteo de datos que apuntan a una financiación irregular del PP en la Diputación hacia el Partido Popular en Génova".
Fullana ha denunciado que "la estrategia del PP, llevada a cabo con connivencia de la Intervención y amparándose en los servicios legales de la institución, se ha basado en provocar que no exista ni un solo acto administrativo en cuatro años sobre el asunto".
"Ello ha obligado a Compromís a tener que denunciar el único acuerdo posible vinculado: la aprobación de la subvenciones para esta legislatura, ya que la asignación de nuevas subvenciones debe depender de las anteriores", ha explicado la formación.
El dirigente de la coalición ha asegurado que desde el PP "se saltaron el dictamen con el objetivo de borrar el rastro de cualquier acto administrativo denunciable que les obligara a devolver el dinero y que ahora ya sabemos que acabó en una cuenta de Génova".