El acceso principal al CEIP Voramar de Alicante, en imagen de archivo.ALICANTE. La controversia suscitada en torno a la avería del ascensor del CEIP Voramar de Alicante durante el inicio del nuevo curso escolar también ha motivado el pronunciamiento público de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Provincia de Alicante (Cocemfe Alicante), una ONG sin ánimo de lucro constituida en 1987, cuyo objetivo es conseguir la plena inclusión y participación activa de las personas con discapacidad física y orgánica en todos los ámbitos de la sociedad.
Portavoces de la federación se han referido a ese episodio concreto para sostener que las carencias en la adaptación de centros educativos siguen siendo comunes. En esta línea, sus representantes han asegurado, a través de un comunicado, que "la falta de accesibilidad sigue siendo un obstáculo para la inclusión plena del alumnado con discapacidad en entornos educativos". "Este es el caso de Arturo, un niño de 11 años con movilidad reducida que asiste al colegio Voramar de Alicante, cuya autonomía está ahora limitada debido a la rotura del ascensor del centro. La madre de Arturo se ha visto obligada a cargarlo sobre su espalda por las escaleras para que pueda asistir a clase y así poder formar parte del sistema educativo. Esta situación subraya la necesidad urgente de garantizar entornos accesibles y plenamente inclusivos en las aulas".
"Arturo, que depende de su silla de ruedas para su movilidad, enfrenta dificultades insalvables para desplazarse de forma autónoma en el centro desde que el ascensor dejó de funcionar. El colegio, aunque cuenta con rampas y otros elementos de accesibilidad, depende del correcto funcionamiento del ascensor para garantizar que el alumnado con movilidad reducida pueda acceder con autonomía a todas las instalaciones, incluyendo las aulas ubicadas en pisos superiores", detallan representantes de Cocemfe.
En este sentido, Cristian Ludwig, técnico de Accesibilidad de Cocemfe Alicante, recuerda la normativa existente: "Según el Real Decreto 1/2013, de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad, en su artículo 22, las personas con discapacidad tienen derecho a vivir de forma independiente y a participar plenamente en todos los aspectos de la vida. Para ello, los poderes públicos adoptarán las medidas pertinentes para asegurar la accesibilidad universal, en igualdad de condiciones con las demás personas", declara Ludwig.
"Hechos como este ponen de relieve la importancia de avanzar hacia una educación verdaderamente inclusiva, en la que se garantice el acceso a todo el alumnado, independientemente de sus capacidades físicas o necesidades. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, ratificada por España, establece que los Estados deben garantizar que las personas con discapacidad puedan acceder a una educación inclusiva y de calidad. Y según afirma Óliver Sánchez, técnico de Educación de Cocemfe Alicante, la situación vivida por Arturo demuestra que aún quedan retos importantes por superar en este ámbito", prosigue el comunicado.
En este sentido, la federación subraya que "la accesibilidad en los centros educativos no solo es una cuestión de infraestructura, sino también de derechos humanos. La falta de entornos accesibles impide que el alumnado con discapacidad pueda moverse de manera autónoma y segura por su colegio, limitando su derecho a participar plenamente en la vida escolar, algo que debería estar garantizado por las políticas educativas y de accesibilidad vigentes".
Por último, Cocemfe Alicante apela "a las autoridades competentes y a los equipos responsables de los centros educativos para que se priorice la accesibilidad y educación universal en todas las instalaciones escolares. Es fundamental que los niños y niñas con discapacidad puedan acceder a una educación en igualdad de condiciones y sin barreras. La inclusión debe ir más allá de la teoría y reflejarse en la práctica diaria, garantizando que ninguna persona vea limitada su autonomía ni su participación por cuestiones estructurales o falta de mantenimiento", concluye la nota pública.
