Rafael Climent. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La revisión de ITV costará menos en la Comunitat Valenciana a partir del próximo año. El conseller de Hacienda, Rafael Climent, ha anunciado que la asunción de la gestión directa del servicio de inspección obligatoria por parte de la Generalitat irá acompañada de una rebaja de las tarifas, que actualmente son las más caras de España.
Esa rebaja, anunciada por el conseller en una entrevista en Plaza Podcast, será efectiva a partir del 1 de enero, siempre y cuando la reversión del servicio haga efectiva en esa fecha y no se conceda la prórroga de seis meses que las empresas concesionarias han pedido a la administración para compensarles por el tiempo que estuvieron cerradas durante el Estado de Alarma de 2020. La Conselleria de Economía está a la espera de que la patronal Aecova presenten informes técnicos que justifiquen ese tiempo de prórroga para decidir si es procedente.
La Societat Valenciana d'ITV, la nueva mercantil pública para la gestión de las ITV, prevé unos ingresos de 73,5 millones y un resultado bruto de explotación superior a los 16 millones de euros. Su presupuesto para 2023, su primer año de funcionamiento, mantiene la cifra de negocio de las empresas privadas que actualmente prestan el servicio en régimen de concesión, pero según ha confirmado el conseller Climent, la rebaja de tarifas que se estaba estudiando se aplicará desde el primer día de gestión pública ya que el objetivo de la Generalitat con la reversión no es el beneficio.
La intención de la Conselleria de Economía, departamento al que estará adscrita esta nueva empresa pública, es eliminar de inmediato la prueba de ruido, ya que la Comunitat Valenciana es la única en la que se realiza. Ello supondría una bajada inmediata de 11,25 euros sobre las tarifas vigentes actualmente, que superan los 67 euros para turismos diésel y los 52 euros para los de gasolina. Los vehículos pesados pagan 86,90 euros.
Las tarifas de ITV que se pagan en la Comunitat Valenciana subieron de forma sustancial el pasado mes de marzo al aplicarse la sentencia que anuló las rebajas en el coste de la inspección aprobadas por la el Gobierno valenciano en 2014 y 2019. El cuadro tarifario que se aplica desde el pasado 24 de marzo es por tanto el mismo que estuvo vigente hasta 2014, cuyos precios estaban congelados desde 2009.
Las rebajas anuladas hasta en dos ocasiones por los tribunales consistían precisamente en la eliminación, primero por parte del Consell de Alberto Fabra y posteriormente ya con el Consell del Botànic, de las pruebas ruido y emisiones de gases contaminantes. Es por ello que la adecuación de las tarifas que pretende realizar el Consell para adaptarlas a los costes del servicio comenzará por la eliminación de la prueba de sonometría.
Además del beneficio inmediato para los conductores valencianos que supondría la eliminación de la prueba de ruido en el contexto actual de escalada de costes, el Consell también se apuntaría un tanto importante a pocos meses de las elecciones autonómicas, sobre todo por la carga simbólica que implica su supresión.
La prueba de ruido fue aprobada en 2004 mediante un decreto del entonces conseller de Territorio y Vivienda de la Generalitat valenciana, Rafael Blasco, con el que todos los vehículos de la Comunitat Valenciana quedaban obligados a superar una nueva prueba de sonometría al pasar la ITV, prueba que no se realizaba en ninguna otra autonomía.
El coste de la prueba, que inicialmente se fijó en 8 euros, convirtió las tarifas de la Comunitat Valenciana en las más caras de España hasta la rebaja de tarifas aprobada en 2014. En los años sucesivos, el coste ha ido variando por el constante cambio de tarifas derivado de la anulación y reposición de precios por parte de los tribunales.
Por otro lado, el conseller de Economía, que también ocupará la presidencia de la nueva empresa pública de ITV, anunció que su departamento ya ha escogido a la persona que ocupará la dirección general de esta mercantil, pero no desveló su identidad. Según explicó Climent, una vez la firma quede inscrita en el registro mercantil, se propondrá su nombramiento al consejo de administración.
Los estatutos fijan que corresponde a este órgano el nombramiento formal del primer ejecutivo de esta empresa, a la que quedará ligado con un contrato de alta dirección. El consejo de administración encabezado por Climent estará integrado por Rosa Ana Seguí, directora general de Comercio; Silvia Cerdá, directora general de Industria; José Vicente Soler, director general de Economía Sostenible; María José Mira, secretaria autonómica de Modelo Económico; Daniel González, subsecretario de la Conselleria de Hacienda; y Júlia Company, directora general del Ivace.
Por parte de las organizaciones sindicales formarán parte del consejo de administración Daniel Argente, a propuesta de la UGT-PV; María Pilar de Vera (CCOO-PV); Manuel García Algarra (Intersindical) y Ruth López (CSIF).
Sobre la opción de que se les conceda a las empresas privadas que han gestionado el servicio durante los últimos 25 años la prórroga de los contratos de concesión que han pedido a la Generalitat para compensarles por el lucro cesante forzado por la Covid-19, Rafael Climent subrayó que la decisión se basará en criterios "técnicos" y no políticos.
Según la Asociación de Entidades Concesionarias para la ITV en la Comunitat (Aecova-ITV), la extensión del contrato debería ser de entre seis meses y un año, pero aún no ha presentado en la Conselleria de Economía los informes justificativos para obtener esa compensación.
La posibilidad de prórroga quedó regulada en el Real Decreto-Ley 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la covid, donde se considera justificado extender los contratos de concesión para lograr el reequilibrio previsto para las adjudicatarias pero también se contempla la posibilidad de una compensación económica sin alargamiento del contrato.
La mayor partida de gasto de la nueva empresa pública son los 42,16 millones de euros que costará la plantilla, ya que la Generalitat se subrogará a la mayor parte del personal contratado por las empresas concesionarias, alrededor de 1.200 personas.
Además, el presupuesto de la Societat Valenciana d'Inspecció Tècnica de Vehicles prevé invertir 8 millones de euros para la construcción de cuatro nuevas estaciones de ITV en Riba-roja del Túria, Torrent, Mercavalència y Alcalà de Xivert. La sociedad afronta esta inversión con recursos propios.
