ELCHE. Después de haber levantado los trámites administrativos, la Universidad Miguel Hernández (UMH) vuelve a engrasar sus trámites para con las actuaciones pendientes. Entre ellas, el servicio de conserjería en los campus de Altea, Sant Joan, Elche y Orihuela, con un valor total de unos 4,6 millones (IVA incluido) y a la baja, aunque el estimado durante el desarrollo del servicio es de 7,3 millones sin impuestos. Tres años de ejecución más dos posibles de prórroga como máximo. Sin embargo, la universidad se ha encontrado con un obstáculo: CCOO ha presentado un recurso especial contra el pliego de condiciones porque en el mismo no se habla de la subrogación del personal.
Esta cuestión ha hecho que el sindicato haya impugnado el proceso en el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) hace unos días, al considerar que este pliego incumple la Ley de Responsabilidad Social acordada con la administración pública por la cual en este tipo de servicios se debe subrogar al personal. En ese sentido, CCOO PV desde su federación de Construcción y Servicios estima que en la parte que atañe al personal de servicio, "consideramos que se han omitido obligaciones establecidas en la normativa vigente, y que por lo tanto impiden la tramitación del expediente de licitación conforme a las condiciones expuestas por el órgano de contratación".
Creen que las mismas deben ser tenidas en consideración con el fin de dar cumplimiento "a los distintos preceptos legales que, con el debido respeto, se están conculcando con el actual redactado de los pliegos de condiciones de la presente licitación". El sindicato apela al fomento de la responsabilidad social porque a su juicio en los pliegos "no están garantizando en modo alguno el mantenimiento de los puestos de trabajo existentes en la actualidad, lo que supone una clara vulneración de lo recogido en la normativa reguladora de los contratos del sector público". "Así, se han omitido datos relativos al personal a subrogar, y por lo tanto, sustento y base de los cálculos de coste de la mano de obra que deben realizar los licitadores ala hora de presentar sus ofertas", especifican.
En su opinión, la central sindical considera que dicha omisión va a producir que los licitadores realicen sus cálculos económicos en cuanto al coste de la mano de obra con unos datos "inciertos que producirán un grave perjuicio para los trabajadores y pueden verse afectados por una posible negativa de la empresa adjudicataria a su subrogación, o a su inmediata extinción". Entiende el sindicato que la omisión en los pliegos de la información relativa al personal a subrogar "constituye una vulneración de los principios rectores en materia de contratación pública, concretamente de los principios de transparencia y de igualdad de trato, no cabe sino concluir que dicho defecto vicia el pliego objeto de impugnación de nulidad de pleno derecho".
Piden que el TACRC anule la licitación hasta que tome una decisión —para lo que está al caer— sobre la validez del proceso y que anule el acuerdo recurrido "y declare que el contenido de las cláusulas de los pliegos son nulas por vulnerar el principio de transparencia en el procedimiento y resto de normativa ya referida en el cuerpo de este recurso, retrotrayéndose el procedimiento al momento de su aprobación, y modificando los mismos en el sentido de cumplir con los requerimientos legales en este punto". En el apartado del personal del servicio, tan solo se menciona que "el contratista dispondrá del personal necesario para satisfacer adecuadamente las exigencias del contrato" y referencias al cumplimiento del convenio colectivo vigente, así como que se detalle la plantilla que se va a asigna y otras cuestiones genéricas.
Por último, de cara a las posibles mejoras que pueden ofrecer las aspirantes, se ofrecerán 5 puntos extras a quien aplique un sistema de fichaje por huella dactilar electrónico para fichar y contrastar las horas hechas por las que se factura mensualmente. Ya está en algunos de los edificios, pero quedan una decena de ellos en los que aún no se apica, entre ellos, el CID, el Altamira, el Quorum III o el Tabarca, entre otros. Estas mejoras suponen 5 puntos, frente a la oferta económica, 50, y la memoria técnica, 45.
