El secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. La sección sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Alicante da un paso más en la polémica por la puesta en marcha del Programa de Garantía Juvenil Avalem Jove Plus, tras la controversia desatada en el pleno ordinario del mes de octubre, el pasado jueves, a cuenta de las retribuciones acordadas para unos 170 jóvenes menores de 30 años empleados en todas las categorías profesionales a través de esa línea de contratación.
El sindicato ha decidido presentar dos denuncias diferentes ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social frente a las supuestas anomalías registradas por el Ayuntamiento con la aplicación de ese programa de subvenciones a la contratación puesto en marcha por el Servef para favorecer la empleabilidad de los jóvenes: una por los contratos en prácticas y otra por los contratos de obra y servicios. Según ha justificado la delegación sindical a través de un comunicado, se trata de un paso más en el marco del plan de acción sindical acordado en la asamblea de trabajadores de 14 de septiembre.
¿Cuál es el motivo de denuncia? Las diferencias de trato conferidas por el Ayuntamiento a esos jóvenes contratados a través del programa Avalem respecto al resto de trabajadores municipales, tanto por lo que respecta a sus retribuciones como por lo que concierne a lo que se consideran desigualdades "en materia de vestuario, formación e información en materia preventiva". Sobre el primer punto, el salarial, CCOO considera que "por término medio, cada trabajador y trabajadora debería percibir entre 300 y 600 euros más al mes". Es más, el sindicato señala en ese mismo comunicado que otros ayuntamientos que también se han adherido a Avalem, como el de Elche o el de Benidorm, complementan las asignaciones previstas en ese programa con fondos propios, de manera que "sí abonan los salarios correctos". Sería una situación que también se daría en el caso de la Diputación Provincial.
CCOO incide, además, en que el Ayuntamiento, "de momento, se ha negado a remitir la copia básica de los contratos al comité de empresa solicitados el 8 de junio, incumpliendo así el Estatuto de los Trabajadores y el derecho a la información de sus representantes". Por último, el sindicato sostiene que, después de que se rechazase la moción presentada por Guanyar en el pleno del pasado jueves "para que se buscara una solución a los salarios de este personal" se ha optado por presentar ya las denuncias ante la inspección de trabajo.
En concreto, como publicó este diario, el grupo municipal de Guanyar planteó una declaración institucional para que se tramitase una modificación de crédito en el presupuesto de 2017, de modo que se permitiese complementar las retribuciones de los jóvenes contratados en el Ayuntamiento a través del programa de garantía juvenil. El portavoz de la plataforma electoral que lidera EU, Miguel Ángel Pavón, sostuvo que el compromiso adquirido en la mesa de negociación era que se debía buscar una solución tan pronto como fuese posible y que, hasta la fecha, no se había tomado ninguna decisión al respecto.
El debate de esa propuesta suscitó una dura respuesta del edil de Recursos Humanos, el socialista Carlos Giménez. Después de que se insistiese en que el Ayuntamiento estaba condicionado por los límites que marca el plan de ajuste impuesto por el Ministerio de Hacienda y de que se reiterase que el interventor municipal había advertido de que no se podía ampliar el gasto en el capítulo de Personal, Giménez instó a Pavón a ejercer sus funciones como edil de Urbanismo y Limpieza: "Trabaje con lealtad institucional, haga el PGOU y limpie la ciudad, o deje el gobierno, pero hágalo ya, no espere al día 15", le conminó, en referencia al plazo acordado por la asamblea de Guanyara para que se produzca ese abandono en el caso de que, antes, no se haya materializado la renuncia del alcalde, el socialista Gabriel Echávarri.
