ALICANTE. El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha criticado este jueves que dos administraciones públicas de la provincia, la Diputación de Alicante y la Conselleria de Hacienda, hayan adjudicado sendas contratas de limpieza a las firmas Netalia y Limpiezas Raspeig, respectivamente, pese a los problemas de impagos que atravesaron estas firmas en 2016 en la contrata de limpieza de edificios públicos de la Generalitat, que motivaron incluso una huelga de sus plantillas por los impagos reiterados.
"Parece ser que no ha sido suficiente la huelga de 2016 en toda la provincia de Alicante por los impagos de Limpiezas Raspeig y Netalia, así como la última sucedida en este mismo año 2019 de 25 días de duración, que ha supuesto un importante conflicto afectando a multitud de servicios públicos", critica el sindicato, "así como ha golpeado de manera salvaje la frágil economía de más de 500 trabajadoras de limpieza en toda la Comunitat Valenciana; más de tres meses han estado sin cobrar mujeres trabajadoras, que en muchos casos no llegan a media jornada de trabajo, que se han visto sin ingresos y con un ineficaz margen de maniobra por parte de las Administraciones públicas para dar solución al conflicto".
Aún así, lamenta Comisiones Obreras, "nos volvemos a encontrar con la increíble sorpresa de que de nuevo estas empresas vuelven a ser adjudicatarias de nuevos servicios de limpieza públicos, en este caso nos referimos al lote 4 de la Diputación de Alicante (que incluye las dependencias del Instituto de la Familia Dr. Pedro Herrero, la Agencia Provincial de la Energía y el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert)" para Netalia, tal como adelantó Alicante Plaza, "así como la contrata de limpieza de las Dependencias y oficinas de Hacienda de toda la Comunitat Valenciana", para Limpiezas Raspeig.
"Es inadmisible que la Administración no aplique los filtros legales oportunos para evitar que vuelvan a producirse situaciones similares y que empresas de este calibre vuelvan a lucrarse de los beneficios pagados con dinero público", critica CCOO, que exige que "se adopten las medidas oportunas para frenar estas adjudicaciones, tanto para evitar daños futuros irreparables a las trabajadoras, así como medida ejemplificadora para que estas y otras empresas entiendan que los derechos laborales de las trabajadoras son un valor primordial a respetar en cualquier contrata pública, sin que se descarte llevar a cabo movilizaciones por este motivo".
