Alfonso Rus y Máximo Caturla. Foto: EFE VALÈNCIA. Anticorrupción ha pedido el sobreseimiento de la pieza G del caso Taula, centrada en todas las supuestas irregularidades que tuvieron lugar en la empresa pública Ciegsa –dedicada a la construcción de centros educativos en la Comunitat Valenciana–. La Fiscalía solicita al juzgado el sobreseimiento siete años después de que trascendiera esta macrocausa sobre una supuesta trama de corrupción en varias administraciones públicas valencianas.
Esta pieza –una de las doce en las que se ha acabado dividiendo el caso– dibujaba en su inicio, posiblemente, una de las de mayor gravedad debido al uso de un dinero público que debería haber ido a parar a la construcción de colegios. El juez indaga en la adjudicación de contratos sin respetar los principios de "legalidad, concurrencia efectiva, imparcialidad y proscripción de la arbitrariedad" con la finalidad de "favorecer contractualmente a determinadas empresas en la adjudicación de obra pública a cambio de comisión o dávida". Esas irregularidades ubicadas temporalmente entre 2003 y 2007, indicó en su momento el magistrado, podrían tener una finalidad de lucro personal de los principales imputados –el exsecretario autonómico de Educación Máximo Caturla, el exgerente de Imelsa Marcos Benavent, el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus, su exjefe de Gabinete Emilio Llopis y su exnúmero dos en la Diputación Juan José Medina. También llegó a apuntar a la posible financiación ilegal del PP tanto a nivel regional como provincial. Todo ello, sostenía, provocó sobrecostes en las construcciones de los centros educativos.
La UCO concluyó en su primer informe completo sobre Ciegsa que en el desvío de fondos jugó un importante papel el en ese momento vicepresidente de la Generalitat Víctor Campos. La persona que, afirman, "habría manejado importantes cantidades de dinero en efectivo, las cuales habrían sido entregadas por empresarios adjudicatarios de contratos públicos y cuya finalidad era financiar al PP". Una tesis que defendían con la mención de varias grabaciones telefónicas y declaraciones que vendrían a evidenciar los métodos de recaudación para desviar el dinero al partido.
La investigación, sin embargo, parecía en punto muerto desde hace tiempo. Ahora, Anticorrupción sostiene que el presunto cohecho se encuentra prescrito para Rus, Caturla y Benavent porque los presuntos delitos se cometieron en los años 2005 y 2006. Tampoco entiende que quede claro qué empresas o constructoras les efectuaron los pagos.
