ALICANTE. El 'caso Veline', en el que el juzgado de lo Penal número 4 de Alicante investiga a la empresaria china afincada en Elche V. O. por un presunto delito de estafa en el marco de su actividad de 'trading' entre nuestro país y el gigante asiático, lleva un año durmiendo el sueño de los justos en el juzgado. Desde el pasado mes de marzo, cuando el juez resolvió el último recurso planteado por la acusación particular, no ha habido avances.
Tal como contó este diario en su momento, la causa está pendiente de que el juzgado señale la fecha para celebrar la vista oral, al haber apreciado indicios de delito durante la fase de instrucción. Sin embargo, desde hace prácticamente doce meses no ha habido novedad al respecto. La huelga de letrados judiciales amenaza con dilatar aún más los plazos, toda vez que este mismo viernes el colectivo ha decidido mantener la acción de protesta.
La última decisión que adoptó el juez del proceso fue resolver favorablemente el recurso de la acusación particular, que pedía que el juzgado obligase a V.O. a aportar a la causa sus últimos IRPF y las cuentas de sus empresas. Pese a que esta información podría ser clave para analizar si la empresaria china cometió la estafa de la que se le acusa, inicialmente el instructor no la consideró relevante. Tras el recurso de los denunciantes, al que se adhirió el fiscal, el titular del juzgado cambió de parecer.
La denuncia la presentó una empresa de Murcia a la que V.O. ofreció introducir en China sus productos cosméticos de aceite de argán, pero que nunca logró comenzar a exportar después de entregar varios miles de euros a la empresaria para los trámites. La empresa presentó la denuncia por estafa contra Veline Group SLU, la firma con la que la conocida empresaria canalizaba su actividad de 'trading', y el juzgado la admitió en julio de 2020. Durante la fase de instrucción el juez citó a declarar como denunciada a V.O. , que si bien acudió al juzgado, se acogió a su derecho a no responder a las preguntas de fiscal y acusación.
El importe de la presunta estafa se cifra en unos 60.000 euros, según fuentes judiciales. Al parecer, V.O. subcontrataba con una agencia china la tramitación de los permisos para introducir los productos en el país, e iba pidiendo cantidades cada vez más altas de dinero para sufragar estos procedimientos. Asimismo, aducía supuestas penalizaciones por vencimiento de plazos para elevar los importes solicitados.
La relación entre V.O. y los denunciantes se desarrolló entre 2015 y 2017, antes de que la empresaria china saltase a los medios como una supuestamente importante agente inmobiliaria, especializada en captar inversión de su país para el sector en la Costa Blanca y la Costa del Sol. En este tiempo, V.O. llevó a cabo la misma práctica con al menos media docena de empresas más, de sectores tan diversos como la farmacia o los relojes, pero hasta el momento solo ha trascendido esta denuncia.
Tal como adelantó Alicante Plaza en noviembre de 2021, Y. F. C., que es el nombre chino de V.O. , solicitó la liquidación exprés de su firma inmobiliaria, pese a asegurar solo dos años antes que movía 100 millones de euros al año en inversión. Tras las informaciones publicadas por este diario sobre la causa penal que le afecta, V.O. remitió un escrito en el que aseguraba que "esta empresa murciana no me quiso abonar el dinero que me deben y desaparecieron. Tengo su trabajo hecho y con todas las pruebas, hasta con la certificación de un notario". En este sentido, asegura que "estamos esperando a que se celebre el juicio para demostrar la verdad".
