la iniciativa 'justicia per a valència' ha recogido 1.800 firmas de apoyo en apenas unos días
Casi un centenar de abogados colaboran en una denuncia popular contra Mazón por la dana
Pleno extraordinario del Consell días atrás presidido por Mazón. Foto: EP/Carlos Luján
9/11/2024 -
VALÈNCIA. Pocas horas después de que la Dana causara estragos en la provincia de Valencia, con 199 fallecidos hasta el momento y miles de millones de euros en pérdidas materiales, los responsables del podcast 'Greuges pendents', formado por Quico Miralles, Andrea Kruithof y Juan Cardona. lanzaban la iniciativa a la red de impulsar un formulario para presentar una denuncia popular contra el Consell presidido por Carlos Mazón, por su gestión de la dana.
Un simple escrito de Google Forms con el objetivo de "recoger adhesiones para iniciar acciones judiciales" contra la Generalitat ha sido suficiente para generar el movimiento. "Necesitaremos juristas, aportaciones económicas, voluntarios...", señala el documento que hasta ahora han firmado casi 1.800 personas.
Más allá del volumen total de participantes, lo más reseñable de esta iniciativa es que casi un centenar de los firmantes son abogados y se han inscrito como voluntarios con la intención de colaborar activamente en la recopilación de información, estudio del caso, redacción y seguimiento de la denuncia. Un aspecto que pone de manifiesto que la intención de los impulsores es la de construir un caso sólido y bien hilvanado con profesionales de todos los ámbitos jurídicos implicados.
Uno de los impulsores de la iniciativa, el abogado y politólogo Quico Miralles, explica que la idea surgió preparando el programa por "la necesidad de hacer algo. No podíamos quedarnos de brazos cruzados". En este sentido, analiza que el objetivo es plantear "dos líneas de investigación paralela". "Dado que la Administración no puede ser objeto de la vía penal, uno de los objetivos es encontrar a los responsables individuales. Por otro lado, en la vía administrativa, sí se puede ir contra las instituciones si se consigue demostrar que la tragedia era evitable", relata.
Sobre este particular, Miralles señala el caso del camping de Biescas, el Estado fue condenado por el Supremo a pagar más de 180.000 euros por cada fallecido, al considerar que había permitido construir las instalaciones en una zona inundable. Así, esta parte de la línea de investigación se centra en analizar todo lo que fuera evitable si se hubiera activado la alerta antes, lo que podría dar lugar a una sentencia que indemnizara a las víctimas. Una vía que iría dirigida contra la Generalitat, la responsable última al tener el mando de las emergencias.
Otra de las variables sobre las que trabaja ese colectivo se centra en las infraestructuras que debían haberse construido o reformado, lo que habría podido contribuir de forma decisiva a evitar la tragedia. Una línea que, en este caso, comenta, afectaría al Gobierno de España y más en concreto, a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).
Respecto a la vía penal, Miralles apunta a que todavía se encuentra en fase embrionaria, si bien la línea en la que se trabaja es la denuncia por homicidio por imprudencia grave. "Para que la gente lo entienda, a un servidor público se le atribuye mayor responsabilidad por su cargo. Es decir, a un responsable de Emergencias de la Generalitat, o a la propia consellera Salomé Pradas o el presidente Carlos Mazón, se les presupone que posee más conocimientos que un ciudadano normal, por lo que debe actuar con mayor diligencia", reflexiona.
En este sentido, señala un precedente ocurrido en el municipio de Finestrat en 2011. "Se permitió instalar un mercadillo en una zona inundable. Llegó una avenida de agua y fallecieron dos personas. La Fiscalía pedía cuatro años de cárcel por homicidio por imprudencia grave. Finalmente se terminó condenando al alcalde y al exalcalde, si bien se produjo un acuerdo y se resolvió con pago de multas", narra Miralles.
En cuanto a cómo plantean estructurar el trabajo, el abogado explica que ya han comenzado a distribuir a los colaboradores en dos grupos: "Uno de trabajo más estructural para el tema administrativo y otros para penal. Estamos repartiendo los perfiles en esas dos líneas. Además, en la plataforma que estamos diseñando habrá otro grupo en el que participarán perfiles como geógrafos, ingenieros... con el objetivo de aportar información técnica de cara a la elaboración de la denuncia y al proceso judicial, pero también con el objetivo de reclamar medidas de prevención concretas para que esto no vuelva a suceder".
Por último, Miralles señala que una representación de esta iniciativa estará presente en la manifestación convocada bajo el mensaje 'Mazón, dimisión'.
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