Casi 200 concesiones portuarias anteriores a 1992 podrán prorrogarse y atraer 1.000 millones al país

VALÈNCIA (EP). El sector portuario español tiene actualmente en torno a 190 concesiones otorgadas antes de 1992 que podrían solicitar prórrogas en sus contratos y destapar así una inversión aproximada de más de 1.000 millones de euros.

Se trata de las estimaciones realizadas por Ocean Capital Partners (OCP), una firma internacional con sede en Madrid especializada en el sector portuario, que ha realizado un informe a raíz del último cambio legislativo en materia concesional portuaria, consultado por Europa Press.

En concreto, la Ley 13/2023, aprobada el pasado mes de mayo, permitió a los contratos firmados con anterioridad a 1992 acceder a las mismas prórrogas que cualquier concesión, es decir, 50 o incluso 75 años, frente a la limitación anterior que fijaba en 2027 el máximo para estos casos.

El informe asegura que esta última modificación ha corregido una "desigualdad histórica", ya que posibilita prorrogar la vigencia de las concesiones más antiguas, tras décadas de reivindicaciones por parte de diferentes actores del sector portuario para resolver lo que consideraban "un escenario de ambigüedad jurídica que propiciaba situaciones de inequidad".

Por ello, OCP augura que la posibilidad de prorrogar estas viejas concesiones supondrá "un importante motor para mejorar la competitividad del sector portuario del país", ya que la concesión de contratos de mayor duración garantizará la estabilidad de los negocios, así como la seguridad jurídica para las empresas concesionarias que ya operan en los puertos españoles y para las nuevas compañías que tengan previsto entrar en el sector portuario.

Los operadores tendrán tres opciones para pedir las prórrogas: de hasta el 50% del plazo inicial con un límite de 50 años, de hasta el 50% con un máximo de 75 años o de forma independiente y con el límite de 75 años.

Algunos requisitos pasan por que se haya cumplido ya un tercio del plazo original, que se comprometa al menos un 20% de la inversión inicial en el primer y tercer caso (o un 50% en el segundo caso) o que se apruebe un informe favorable y vinculante por parte de Puertos del Estado.

Ocean Infrastructures Management (OIM), la filial de consultoría de OCP ya ha asesorado a empresas como Enagás, Reganosa, Atlantic Copper, APM Terminals o Gonvarri en las solicitudes de prórroga de sus concesiones portuarias.