Viviendas en construcción. Foto: APORIHUELA. El concejal de Cambiemos Orihuela, Carlos Bernabé, ha cuestionado la validez y supuesta utilidad del convenio suscrito, el pasado mes de julio, entre el Ayuntamiento de Orihuela y el Colegio de Arquitectos. Dicho acuerdo pretendía, según el propio documento, “mejorar el proceso de otorgamiento de licencias de edificación (…) dentro del principio de seguridad jurídica”. Un convenio en el que, en esencia, según apuntan desde Cambiemos, si un particular o empresa paga al Colegio de Arquitectos el 0,4% del valor del Proyecto de Ejecución (el mínimo a pagar serían siempre 300 euros para uso residencial y 400 para otros usos), tendrían derecho a que el Colegio de Arquitectos emitiera un Visado de Cualificación Urbanística en el plazo de 20 días hábiles a contar desde que el Ayuntamiento emitiera el proyecto y toda la legislación que le afecta al mencionado colegio.
Para la formación Cambiemos, ese convenio se basa, tal como reza el propio texto, en una disposición adicional de la Ley valenciana de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, aunque apuntan queo esa disposición dice que, para poder hacer ese tipo de convenios con entidades colaboradoras y Colegios profesionales, el Consell deberá regular vía decreto el sistema de habilitación, funcionamiento y registro. "La ley dice que este tipo de convenios se podrán hacer pero en la forma en que lo regule un Decreto que todavía no existe", señala Carlos Bernabé. "Llama la atención las prisas con las que Rafael Almagro y Emilio Bascuñana, negociaron esta chapuza cuando todavía estaban en funciones y justo antes de pasarle las competencias en urbanismo a Cs", se pregunta el edil. En ese mismo sentido, Bernabé asegura que, a su juicio, hay riesgos de que la gente y empresas que se adhieran al Convenio sufran "inseguridad jurídica".
Además, desde la formación han ahondado en más aspectos. Según apuntan, si al solicitar una licencia de obra, un particular o empresa paga al Colegio de Arquitectos una cantidad de dinero (0,4% del Proyecto de Ejecución Material, siendo el mínimo 300 euros, este tiene derecho a que la solicitud se revise antes. Esto a juicio de Cambiemos supone "privatizar parcialmente" la Administración Local e introduce un sesgo de renta. "Es clasista - apunta Carlos Bernabé-: si un paisano o empresa paga, como mínimo, 300€ más -aunque la cantidad puede ser mucho mayor- tiene derecho a que su licencia se tramite antes. Lo que tiene que hacer el gobierno local es reforzar el área de urbanismo no convertirla en un negocio para colegios profesionales ni en un sobrecoste para la ciudadanía".
Además, señala que el convenio "no libera ni da aire al personal técnico del Ayuntamiento". Según Cambiemos, el convenio señala que una parte sustancial del trabajo, la sigue haciendo el funcionariado municipal, que tiene la obligación de remitir al Colegio de Arquitectos tanto el proyecto como la normativa y legislación que le afecta. Eso significa, a juicio de Bernabé, que si no se refuerza el área de Urbanismo, "al final, los retrasos en las licencias se van a seguir acumulando".
