Cada alicantino tendría que pagar 367 euros para cancelar la deuda de los ayuntamientos

ALICANTE. Los ayuntamientos de la provincia de Alicante siguen poniendo coto a su nivel de endeudamiento, que tocó máximos en los peores momentos de la crisis económica, en 2012. Según los datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la deuda viva de las entidades locales de la provincia de Alicante a 31 de diciembre de 2016 alcanzó los 682.034.000 euros, lo que significa una reducción del endeudamiento global de los ayuntamientos de la provincia de un 43,6% desde 2012, cuando la deuda tocó máximos. Entonces, la deuda viva de las entidades locales llegó a 1.211,1 millones de euros.

A pesar de la importante caída del nivel de endeudamiento, tras el estricto control que ha aplicado el Ministerio de Hacienda sobre los consistorios (la administración local es en estos momentos la más saneada del Estado), cada alicantino tendría que pagar 367 euros para cancelar la deuda viva de los ayuntamientos de la provincia. La deuda por habitante de la provincia en 2012 era sensiblemente superior, obviamente: 622 euros por cabeza.

La reducción del pasivo, con todo, se ha registrado de forma desigual en función del consistorio de que se trate. Los más grandes, como Alicante o Elche, han logrado aplicar una importante reducción a su nivel de deuda viva, aunque la primera lo ha hecho por encima de la media de la provincia, y la segunda por debajo (cierto que las cuentas de Alicante están intervenidas por Ministerio desde 2012). Así, la capital alicantina ha recortado su pasivo en 84 millones de euros, desde los 176 millones de 2012 a los 92 millones que debía al cierre del pasado año. Es decir, un 47% menos. Elche, que llegó a situarse como la ciudad más endeudada de España (en relación al PIB) entre las que no son capital de provincia, ha recortado su pasivo en 67 millones de euros en el mismo periodo (un 43,5%): sigue debiendo 87 millones.

En términos absolutos, los consistorios más endeudados de la provincia son Alicante (92 millones), Elche (67 millones), Benidorm (64,7 millones), Torrevieja (38,9 millones) y Orihuela (29,6 millones). Una clasificación hasta cierto punto lógica atendiendo al tamaño de sus poblaciones. En cambio, si se analiza la deuda por habitante, la cosa cambia bastante: son precisamente los ayuntamientos de pequeñas localidades de la provincia los que lo protagonizan. Así, el líder absoluto en endeudamiento de la provincia es el Ayuntamiento de Daya Vieja, con un pasivo de 3.730 euros por cada uno de sus 670 habitantes.

Al pequeño consistorio de la Vega Baja le sigue otro habitual de estos 'rankings', el ayuntamiento de Finestrat, en la Marina Baja: su pasivo alcanza los 16,9 millones de euros, lo que significa que cada uno de sus habitantes tendría que aportar 2.775 euros para cancelar la deuda municipal. El tercer clasificado por volumen de deuda por habitante es el ayuntamiento de Bigastro, también en la Vega Baja: adeuda 1.640 euros por habitante. En cuarta posición aparece el primer consistorio de una ciudad de cierto tamaño, el de Calp. Cada uno de sus 19.591 habitantes censados debe 1.459 euros.

En el lado contrario, destacan tanto la Diputación de Alicante (apenas 0,04 euros por habitante de la provincia) y 44 consistorios que no tienen deuda viva, según el Ministerio. Todos, eso sí, de pequeño tamaño. Es el caso de Agost, Agres, Alcalalí, Alcocer de Planes, Alcoleja, Alfafara, Almudaina, Alqueria d'Asnar, Balones, Benejúzar, Beniardá, Benigembla, Benifallim, Benifato, Benillup, Benimantell, Benimarfull, Benimassot, Benimeli, Biar, Bolulla, Camp de Mirra, Cañada, Confrides, Cox, Quatretondeta, Facheca, Famorca, Hondón de las Nieves, Hondón de los Frailes, Xaló, Murla, Onil, Parcent, Relleu, La Romana, Sagra, Salinas, Sella, Senija, Tollos, Tormos, La Vall d'Alcalà y La Vall d'Ebo. 

Los datos sobre el pasivo de los ayuntamientos elaborados por el Ministerio se basan en la definición de 'deuda pública' que comprende el valor nominal total de las obligaciones brutas pendientes a final de año, a excepción de las obligaciones representadas por activos financieros que estén en manos del sector público. Por tanto incluye las obligaciones de las administraciones públicas en efectivo y depósitos, títulos de deuda y préstamos. De esta forma, la deuda viva a 31 de diciembre de 2016 de cada uno de los ayuntamientos se ha obtenido de acuerdo a esta definición, partiendo de la información contenida en la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) relativa al Subsector Local y al Inventario de Entes del Sector Público Local, según la nota metodológica del informe.