Los portavoces del PP Carlos Castillo y del PSPV, José Chulvi. Foto RAFA MOLINAALICANTE. Los ayuntamientos de Busot, Mutxamel y La Nucía, todos ellos gobernados por el PP y por vicepresidentes de las Diputación de Alicante, deberán solicitar de nuevo las ayudas directas que le otorgó el equipo de gobierno, y que motivó que fueran impugnadas por Compromís. Esta tramitación se debe cumplimentar de nuevo después de que el pleno de la Diputación de Alicante haya aprobado este miércoles nuevos criterios generales para la concesión de ayudas nominativas -también conocidas como directas o a dedo- para los municipios, a propuesta del PSPV. El protocolo ha salido adelante con el voto de Partido Popular, PSPV y EUPV. Compromís ha votado en contra y solo ha respaldado su propia propuesta.
La gran incógnita que se abre ahora si esos proyectos recibirán el 100% de la ayuda de la institución provincial, como hasta ahora. Se da por hecho que los antiguos expedientes se anulan y, con ellos, los recursos judiciales presentados por Compromís y el Ayuntamiento de Benissa.
El portavoz del PSPV, José Chulvi, se ha mostrado "muy satisfecho" y ha señalado como "positivo" el acuerdo por "lo que vendrá a partir de ahora". "Estamos satisfechos de que EU y PP se hayan incorporado y respetamos la posición de Compromís", ha indicado en un comunicado.
La propuesta socialista "nace como respuesta a la necesidad de abrir un nueva etapa en esta institución ante una cuestión que estaba generando conflicto y poniendo en peligro el propio recurso de las subvenciones, que en sí mismo no es malo si se hace con cabeza. Y la fórmula es la que estamos ya tiempo reivindicando: sentido común, diálogo y criterios lo más objetivos posible".
"Hoy demostramos que PSPV, EUPV-Acord Ciutadà y PP se pueden poner de acuerdo con voluntad política, humildad y valentía", ha añadido el portavoz 'popular' Carlos Castillo. Por su parte, la representante de EU, Raquel Pérez, ha negado haber acordado con el PP el acuerdo y ha respaldado la propuesta socialista para establecer un protocolo de adjudicación de subvenciones nominales "donde solo con criterios de carácter excepcional y siempre con una justificación que acredite interés público, social, económico o humanitario se podrán otorgar estas ayudas".
El portavoz de Compromís, Gerard Fullana, ha manifestado que la moción "deja la puerta abierta a que se utilicen de forma arbitraria los fondos públicos" mientras que ha defendido que su propuesta "sellaba esa posibilidad de cara al futuro: Gobierne quien gobierne, y únicamente contemplaba la posibilidad de nominativas bajo unos criterios tasados y de excepcionalidad. Es una profunda decepción ver que todo este tema acaba con una foto falsa de unidad y diálogo".
Finalmente, Compromís ha alegado que la propuesta ha sido "cocinada" por PP y PSPV y ha criticado que "se permitirá que continúen concediéndose nominativas". Con todo ha valorado el debate sobre el reparto de subvenciones "sin que nadie dijera nada". Así, ha votado en contra de la moción del PSPV y ha presentado su propio modelo sobre este asunto que ha sido rechazada por el resto de la cámara. Pese a que no ha conseguido su objetivo final, Fullana se muestra satisfecho por haber introducido el debate de modificar un tipo de ayudas muy arcaicas. "No era lo que queríamos, pero algo se ha conseguido", ha afirmado el portavoz valencianista.
La propuesta conjunta establece que podrán solicitar ayudas nominativas con carácter excepcional aquellos municipios que acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario u otras debidamente justificadas. El porcentaje de la ayuda nominativa vendrá determinado por la población: El 100% para los municipios de menos de 5.000 habitantes; 95% para los de 5.001 a 10.000; 75% para los de 10.001 a 30.000; 65%, en el caso de los municipios de 30.001 a 50.000; y, finalmente, del 50% para los de más de 50.000 habitantes.
El nuevo protocolo de distribución recoge, además, que será la Junta de Portavoces la que valore y decida la inclusión de la ayuda en el presupuesto ordinario, así como la urgencia y necesidad de la misma en caso de excepcionalidad motivado por hechos imprevisibles que requirieran el auxilio a un municipio para el restablecimiento de un servicio público.
