Los ediles de la corporación municipal de Alicante, en uno de los últimos plenos celebrados de manera presencial. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. Los seis grupos políticos que disponen de representación en el Ayuntamiento de Alicante han constituido formalmente este miércoles la comisión de seguimiento sobre el cumplimiento de los acuerdos plenarios con una réplica de la confrontación que suele ser habitual en el desarrollo de las sesiones ordinarias del pleno. Por lo pronto, los tres grupos que conforman el eje progresista (PSOE, Unides Podem y Compromís) han reprochado al equipo de gobierno, el bipartito compuesto por PP y Cs, el retraso de más de un año y tres meses en la puesta en marcha de la comisión, toda vez que el acuerdo para su creación quedó aprobado en enero de 2020, a instancias de la propuesta presentada por el PSOE.
Y no solo eso. También han recriminado que a la primera reunión se haya celebrado sin que se aporte ningún informe concreto sobre los pasos que se han dado hasta ahora para ejecutar todos esas decisiones aprobadas por la mayoría de los miembros de la corporación, tanto por lo que respecta a las declaraciones institucionales, como a las mociones o las propuestas de acuerdo promovidas por el propio equipo de gobierno.
En esta línea, la portavoz del PP, edil de Empleo y presidenta de la comisión, Mari Carmen de España, ha planteado que se facilitaría un informe sobre el estado de cumplimiento de esos acuerdos en el plazo de dos meses, con el propósito de que la comisión pudiese volverse a reunir el próximo mes de junio para analizar su contenido y trabajar sobre el desarrollo de esos acuerdos. Pero tanto la edil del PSOE, Llanos Cano, como los portavoces de Unides Podem y Compromís, Xavier López y Natxo Bellido, respectivamente, han replicado que no resultaba admisible que se tuviese que esperar dos meses más para conocer en qué estado se encontraba la ejecución de esas decisiones o qué pasos se habían materializado para conseguir su cumplimiento, después de más de un año de retraso en la convocatoria de la comisión.
De hecho, Cano ha insistido en que "se nos deben ya dos informes semestrales sobre el grado de cumplimiento de esos acuerdos", por lo que ha emplazado a los representantes del bipartito ha acelerar la elaboración de esos informes en la medida de lo posible. Además, ha incidido en que esos informes no deberían limitarse a detallar "que este o aquel acuerdo están en fase de ejecución" después de que "nuestro grupo haya tenido que reclamar hasta dos veces que se convoque esta comisión y que incluso hayamos tenido que elevar una queja al Síndic de Greuges". Así, ha sostenido que en dichos informes "se debe concretar qué gestiones se han realizado para evaluar qué pasos se han seguido", ha incidido.
De igual modo, López ha subrayado que "esta comisión es un instrumento necesario en un país en el que no existen demasiados mecanismos de evaluación de la gestión pública" y ha emplazado al bipartito "a garantizar que se trate de una comisión eficaz y no un gesto con el que se trate de lavar la imagen y ya está".
Bellido, por su parte, también ha recriminado que "la comisión se convoque con más de un año de retraso" y ha considerado "una tomadura de pelo que se nos plantee esperar otros dos meses para conocer los informes sobre el estado de cumplimiento de los acuerdos de pleno con los que poder comenzar a trabajar".
El portavoz de Vox, Mario Ortolá, ha planteado que, previsiblemente, el cumplimiento de algunos acuerdos de pleno dependerá de la disponibilidad presupuestaria y de la aprobación de determinadas modificaciones de crédito previas, por lo que ha estimado pausible que los trabajos de la comisión puedan tener que retrasarse.
Por último, tanto De España, como el portavoz del equipo de gobierno y edil de Cultura, Antonio Manresa (Cs), han sostenido que "los informes de evaluación sobre el cumplimiento de los acuerdos se harán llegar antes de dos meses si están terminados con antelación". Además, han incidido en que el retraso en la convocatoria de la comisión "es una consecuencia de la pandemia del coronavirus, que ha limitado la actividad administrativa como también lo ha hecho en otras actividades privadas", ha asegurado Manresa.
Lo cierto es que el enfrentamiento de esa primera comisión se ha reproducido en el desarrollo de la sesión constitutiva de la comisión sobre el servicio de salvamento en playas, también celebrada este miércoles. De igual modo, los representantes de los grupos progresistas han recriminado el retraso en el inicio de sus trabajos, toda vez que el acuerdo por el que se aprobó su creación se aprobó en diciembre de 2019.
En todo caso, la vicealcaldesa, edil de Turismo y presidenta de la comisión, Mari Carmen Sánchez (Cs), ha señalado que parte de la propuesta de acuerdo por la que se planteó crear el grupo de trabajo sobre el contrato de socorrismo "es un tanto ambigua e imprecisa" en la medida en que "se plantea que se introduzcan medios tecnológicos para mejorar el servicio cuando ya se están utilizando herramientas como los drones del Servicio de Extinción y Prevención de Incendios, por ejemplo". Además, ha señalado que "el contrato de salvamento se adjudicó el año pasado bajo determinadas condiciones y que, en todo caso, debería hablarse de introducir cambios en el futuro pliego de condiciones" en el momento en el que se deba acordar una nueva licitación. Además, ha sostenido que la posibilidad de que el servicio pase a depender de la Concejalía de Seguridad en lugar de ser competencia de la Concejalía de Turismo "no es una cuestión que se pueda decidir en esta comisión, puesto que se requiere de un decreto de Alcaldía o de un acuerdo de Junta de Gobierno".
El edil del PSOE, Manuel Martínez, por su parte, ha defendido que "la comisión sobre el servicio se planteó con el objetivo de lograr que las playas de la ciudad alcancen un grado de excelencia aún mayor", por lo que ha defendido que debería profundizarse y ampliarse el uso de nuevas tecnologías "como el hecho de que se cuente con el apoyo de drones en las seis playas de la ciudad, sin limitaciones por la posible afección que pueda existir respecto a la ocupación del espacio aéreo del aeropuerto de El Altet en las playas de Urbanova y parte de El Postiguet". Así, ha sostenido que ese condicionante se subsanaría "capacitando a los agentes de Policía Local a controlar esos drones".
Como ha precisado la edil de Unides Podem, Vanessa Romero, el contrato vence en 2022, ya que, aunque se contemple la posibilidad de dos prórrogas de un año cada una, no implica que se tengan que conceder. Con todo, Sánchez ha zanjado que la comisión se volvería a convocar en cuanto se aborde el trabajo de redacción del nuevo pliego, tras admitir que el contrato actual no tenía una duración global de cuatro años, sino de dos con dos posibles prórrogas.
