Foto: JOSÉ CUÉLLAR/CORTSVALÈNCIA. Un año. Ese es el plazo que ha tardado la Generalitat Valenciana, y en concreto la Conselleria de Justicia y Administación Pública que dirige Gabriela Bravo, en publicar la sentencia del Tribunal Supremo que anuló en julio de 2022 la posibilidad de que los funcionarios valencianos pudieran reducir su jornada laboral una hora al día por cuidado de hijos menores sin que eso les supusiera una reducción del salario. Una demora que ha permitido a los empleado públicos valencianos prorrogar por ese periodo esta prerrogativa a pesar del pronunciamiento del Alto Tribunal.
Hace exactamente un año el Supremo declaró nulo parte del decreto que regula las condiciones de trabajo de los funcionarios de la Generalitat por chocar con legislación básica estatal al regular en algunos de sus artículos cuestiones que se escapaban de las competencias autonómicas.
En concreto, dejó sin efecto el apartado del decreto 42/2019 que permitía a los empleados públicos solicitar una reducción de jornada laboral de una hora diaria sin que esto implicara posteriormente una disminución de su salario. Esto es, una reducción de cinco horas laborables a la semana sin merma retributiva para los funcionarios.
Una circunstancia a lo que se podían acoger aquellos que tuvieran a su cargo hijos menores de 12 años, personas mayores que requirieran especial dedicación, o que tuvieran una discapacidad igual o superior al 33 % sin que desempeñaran una actividad retribuida superior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Desde entonces, presumiblemente, los funcionarios de la Administración de la Generalitat no podrían acogerse a este derecho. Sin embargo, un año más tarde, la Administración valenciana seguía manteniendo la misma situación y quienes disfrutaban de esta concesión no dejaron en ningún momento de hacerlo porque la Conselleria de Administración Pública no había ordenado publicar la sentencia en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), un paso previo necesario para aplicarla.
Fuentes de la cartera de Bravo aseguraban que no lo habían hecho porque estaban a la espera de que el Supremo les respondiera una aclaración de sentencia que pidió Abogacía de la Generalitat, a pesar de que contestaran lo que contestaran, la sentencia debería aplicarse sin matices porque no cabía recurso. Una aplicación que en el ámbito de la Generalitat ha tardado en producirse un año, mientras en el Ayuntamiento de València decidieron cumplir la sentencia desde que se dictó por el Alto Tribunal.
Con todo, el DOGV publicó este jueves el fallo. Precisamente, el último día en el que Bravo ostentó las competencias de consellera del ramo, dado que hoy viernes asistirá a la primera reunión de la Mesa de Les Corts en calidad de vicepresidenta segunda. Una nueva responsabilidad por la que la semana pasada la Abogacía de la Generalitat le recomendó renunciar a su cargo en el Consell del Botànic II por las amplias competencias que tendría.
Ahora, los sindicatos tienen dudas del alcance que tendrá en el ámbito autonómico el fallo. Según Función Pública, la intención es mantener la reducción de jornada a aquellos que la tuvieran reconocida pero no conceder nuevos permisos, si bien una resolución de este tipo generaría desagravios entre funcionarios porque, de ser así, permitiría, por ejemplo, a una persona con un menor de 4 años que tuviera reconocido este derecho seguir disfrutando del mismo durante ocho años más, a pesar de haber sido anulado. Mientras tanto, otro empleado que no lo hubiera solicitado aún, no podrá disfrutarlo nunca. Una aclaración que deberá hacer ya el PP cuando entre a gobernar desde la propia cartera de Función Pública.
