La vicealcaldesa de Alicante, Mari Carmen Sánchez, y el alcalde, Luis Barcala (en el centro de la imagen), durante la Romería de Santa Faz. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. La polémica suscitada a cuenta de la adjudicación de los contratos relacionados con proyectos de las partidas rurales a empresas representadas por conocidos del edil de ese departamento, Manuel Jiménez, en el ámbito de las fiestas de Hogueras, copará gran parte del protagonismo en el desarrollo del pleno ordinario de abril, de este jueves. No solo por la comparecencia del mismo Jiménez a petición propia para ofrecer explicaciones ante la ciudadanía sobre "la legalidad" de los encargos y los pasos seguidos en su tramitación, sino también por las distintas iniciativas promovidas por los grupos del eje progresista que ejercen funciones de oposición (PSOE, Unides Podem EU y Compromís).
Entre ellas, figura la pregunta formulada por el PSOE para que el alcalde, Luis Barcala, responda sobre si Jiménez pudo haber concedido "un trato de favor a una empresa" representada por personas con las que mantenía vínculos personales y, sobre todo, la moción promovida por Unides Podem EU con el fin de que pueda constituirse una "comisión de análisis" sobre los contratos motivados por distintas actuaciones en la partida rural de La Alcoraya "adjudicados desde las concejalías de Partidas Rurales y de Infraestructuras" que, no obstante, podría no tener visos de prosperar ante el rechazo por el que se decantarían las dos formaciones que conforman el equipo de gobierno, Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs).
En concreto, la iniciativa plantea la creación de dicho órgano de representación política para esclarecer si pudieron registrarse irregularidades en la concertación del encargo de esos trabajos a una empresa con claras vinculaciones personales con el edil responsable de Fiestas, en la medida en que habría sido la que asumió unas obras de reforma en la vivienda del concejal en mayo de 2021.
Así, de acuerdo con el propio texto de la propuesta, dicha comisión debería "analizar la contratación menor del último trimestre del año 2022 y del año 2023 de las concejalías de Partidas Rurales e Infraestructuras relativas al entorno de la plaza de la Alcoraya" con el objetivo de "elaborar un dictamen sobre la gestión de estas contrataciones que será elevado a un pleno a celebrar antes de la finalización del presente mandato y que será trasladado a los servicios jurídicos del Ayuntamiento en el caso de la detección de irregularidades".
Para ello, se plantea que dicha comisión pueda quedar constituida en un plazo máximo de 7 días y que celebre al menos una sesión de trabajo semanal. Por último, requiere que en desarrollo de sus trabajos, se produzca también la comparecencia del propio Jiménez para que puedan formulársele las preguntas que se consideren oportunas: una posibilidad que no estará al alcance de los grupos opositores en la sesión plenaria de este jueves.
A priori, se da por seguro que el conjunto del fuerzas del eje progresista respalden la iniciativa con el argumento de reclamar la máxima transparencia y claridad en la tramitación de esos encargos. No obstante, la propuesta no contará con el respaldo de Vox -que, en todo caso, podría tener la llave para decantar la balanza- en la medida en que entre sus filas se considera que "el tema es lo suficientemente importante como para que se dilucide donde se tiene que dilucidar, que es bajo el análisis de los instrumentos de la justicia, que es donde parece que va a derivar si el PSOE cumple su advertencia de presentar una denuncia en Fiscalía", según explicó su portavoz municipal, Mario Ortolá, a consulta de Alicante Plaza.
No solo eso. El representante de Vox añadió que "Jiménez ya va a ofrecer explicaciones en el pleno y, además, no queda tiempo para que pueda reunirse esa comisión antes de que lleguen las elecciones y decaiga su creación si se tiene en cuenta que existen otras muchas comisiones previas que prácticamente no se han reunido a lo largo de estos cuatro años".
Ese es, en parte, el mismo argumento que también se maneja en el seno del bipartito para descartar la propuesta de Unides Podem EU, aunque se pudiese llegar a barajar su aprobación en aras a la consecución de la máxima transparencia y, de este modo, eludir los reproches de la oposición.
Así, fuentes del equipo de gobierno consultadas indicaron que no tendría sentido dar alas a una comisión que no va llegar a constituirse por falta de tiempo material y que, a juicio de los representantes del bipartito, solo trataría de generar demagogia respecto a una cuestión que ya va a tener consecuencias políticas con la dimisión y renuncia al acta de concejal del propio Jiménez, al margen de que él mismo haya decidido comparecer para ofrecer explicaciones.
Esa sería, además, la tesis compartida por los dos partidos aliados al frente de la gestión municipal (PP y Cs), aun a riesgo de quedar expuestos a crítica sobre un supuesto ocultismo y falta de voluntad de despejar dudas sobre las contrataciones que consideran bajo sospecha. Eso sí, podría darse pie a intervenciones individuales por parte de sus respectivos representantes -uno por parte del PP y otro por parte de Cs- para explicar su posición de voto que los portavoces del bipartito -Antonio Manresa y Manuel Villar- anticiparon como conjunta en la comparecencia semanal en la que se da cuenta de los acuerdos aprobados en Junta de Gobierno.
