ALICANTE/VALÈNCIA. La Sindicatura de Comptes de la Comunitat ha remitido a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas todos los indicios de responsabilidad contable que recoge en su documento y en el que aparecen 12 ayuntamientos señalados por su actuación en 2015. Entre ellos, cuatro de la provincia de Alicante: Benidorm, Altea, Teulada y Gata de Gorgos. Además, tienen en común el reparo de Intervención levantado por decretos de alcaldía. Uno de los casos más destacados es el de Benidorm, cuya contratación y pago de nóminas a funcionarios bajo sospecha corresponde al primer semestre de 2015, es decir, a la última etapa de Agustín Navarro (PSOE) como alcalde.
El socialista no es nuevo en las acusaciones sobre las contrataciones municipales. Lo más sonado son los posibles enchufismos durante los años 2011 y 2012, por los que ha tenido que declarar tras una denuncia del Sindicato Profesional de Policía Local y Bomberos (SPPLB). En el caso que sale ahora a la luz, el informe indica que "Hasta el mes de junio de 2015 el expediente de nómina mensual del personal de este Ayuntamiento fue reparado periódicamente por la Intervención al no haberse sometido a fiscalización previa, tal y como establece el artículo 213 del TRLHL". Además, señala como segundo motivo la falta de justificación de las modificaciones de la misma respecto a la del mes anterior.
La Sindicatura de Comptes recuerda en el documento que es el mismo problema que detectaron en el informe de los ejercicios 2011 y 2012, con Agustín Navarro también de primer edil de la ciudad de los rascacielos.
Así, el informe concluye que hay indicios de responsabilidad contable por la "falta de justificación de las modificaciones de la nómina respecto a la del mes anterior y omisión de la fiscalización previa". Tal y como apunta el informe, el reparo fue levantado por alcaldía, a través del cual se ordenaba que se formalizase el pago de las nóminas correspondientes.
El apartado de Benidorm el organismo termina diciendo que Intervención ha comunicado que "a partir de la nómina del mes de junio de 2015 y tras la toma de posesión del nuevo equipo de gobierno surgido de las últimas elecciones municipales, el expediente de nómina mensual ha sido sometido periódicamente a fiscalización previa, cumpliendo con lo establecido legalmente".
A pesar de todo esto que se pone sobre la mesa en el borrador que se remitió a primeros de año a todos los ayuntamientos, el de Benidorm no remitió ningún tipo de alegación a lo expuesto por parte de la Sindicatura de Comptes.
Como ocurriera en el caso de Benidorm, el desacato a lo solicitado por Intervención por parte de Alcaldía vuelve a ser la raíz del problema en Altea. Según relata el documento remitido a Fiscalía, hay una propuesta de gratificación que retribuye "la supervisión técnica en el correcto desarrollo de la instrucción de los expedientes administrativos por infracciones a la Ley de Seguridad Vial, así como en los expedientes por infracción a las Ordenanzas Municipales".
Ante esto, entienden que hay responsabilidad contable porque "retribuye al empleado público una labor propia de su puesto de trabajo y como mucho una productividad a la que se le denomina gratificación, infringiendo lo dispuesto en el Real Decreto 861/1986, de 25 de abril". A pesar de esto, el Decreto de la Alcaldía de 17 de diciembre de 2015 levanta el reparo del interventor y ordena el pago de la citada nómina. Es decir, con Jaume Llinares como primer edil de la ciudad.
Además, se apunta otro indicio después de esto. Según explica, la orden de pago no se realiza antes de los 30 días previstos en el artículo 216.4 del TRLCSP. Y "en los supuestos de retenciones judiciales o compensaciones de deudas, las minoraciones de pago no se acreditan a través de los acuerdos correspondientes", recoge el texto. No obstante, alcaldía da la orden sin tener en cuenta a Intervención ni haber subsanado estas deficiencias.
Como Benidorm, Altea tampoco alegó nada al respecto.
La pequeña población de la Marina Alta, Gata de Gorgos, tampoco se queda atrás. Tal y como resume el informe: "Se reiteran los reparos respecto al personal contratado sin atenerse al procedimiento legalmente establecido y sin existir puestos en la plantilla". Además, acusan al ayuntamiento de infringir los límites retributivos del personal de la Administración local, en cuanto al complemento específico. Y añaden que las horas extraordinarias no están contempladas en la estructura salarial de los funcionarios. "A pesar de ello se ha presupuestado y acordado el cobro máximo por empleado de 15 horas/año, siendo el resto de horas extras realizadas a compensar".
Como en los casos anteriores de Altea y Benidorm, las discrepancias se resuelven mediante los decretos de la Alcaldía de pago de nóminas mensuales. Y hacen referencia a una sentencia judicial para el abono de gratificaciones a algunos trabajadores "con la finalidad de evitar futuros litigios con los trabajadores afectados", deduce el organismo.
Tampoco remitió ningún tipo de alegación.
Por último, el otro ayuntamiento señalado, también de la zona de las Marinas, es Teulada. La Sindicatura de Comptes hace referencia a que "la asignación de cantidades en materia de gratificaciones extraordinarias no puede ser periódica. El Pleno debe aprobar su asignación total y cumplir con el procedimiento en cuanto a su autorización previa y comprobación material posterior". Lo dicen después de revisar un contrato de obras, cuyos criterios de adjudicación que dependen de un juicio de valor tienen una ponderación superior a los de valoración económica automática. "Además, existen criterios que no guardan relación con el objeto del contrato".
Por ello, también dentro de los indicios también recuerda que la asignación de productividades debe responder a criterios objetivos, directamente relacionados con el ejercicio del puesto, y que se aprueben por el órgano competente.
A diferencia de los otros tres municipios, Teulada sí que ha tomado cartas en el asunto y ha remitido las alegaciones pertinentes. Así, el Ayuntamiento comunicó una serie de actuaciones realizadas en 2016 y 2017 con el objeto de subsanar las incidencias reflejadas en el informe de Intervención. El pleno ha fijado la cuantía máxima global tanto de gratificaciones como de productividades. Han aprobado un organigrama municipal, que va a continuar con la confección de una Relación de puestos de trabajo. Comienzan a utilizar la concurrencia competitiva en la concesión de subvenciones. Y por último, los criterios de adjudicación de los contratos se han basado generalmente en el precio del contrato.
Pero aquí no queda la cosa. En cuanto a la información remitida, hay cuatro ayuntamientos que sólo realizan el envío de la Intervención, y no comunican nada respecto a la Secretaría: Gandia, Benidorm, Elda y Vila-Real. Mientras que Alicante y de Castellón de la Plana no han remitido información de sus organismos autónomos dependientes.
Otras de las ciudades en el punto de mira están en la provincia de València, como es el caso de Borriol, que relata cómo la Secretaría-Intervención alertó de incidencias como la inexistencia "en los últimos seis ejercicios" de un contrato con el proveedor del servicio de agua potable, con lo que ese gasto se realiza "sin la debida cobertura contractual". Además, advirtió que el Ayuntamiento se saltó los procedimientos de contratación administrativa con determinados proveedores que prestaron sus servicios más de un año mediante contratos menores.
En Oliva, el interventor municipal reflejó en su informe incidencias en las nóminas, con pagos de productividades sin resolución aprobatoria y repetida mes tras mes, como si se tratase de un complemento en las nóminas.
Además, alertó de la existencia de un concepto retributivo denominado “quadriennis" que responde a un acuerdo entre los funcionarios y la Corporación y recordó que los salarios de los funcionarios de la administración local deben ser los mismos que los establecidos con carácter general para toda la función pública.
Las irregularidades detectadas en el Ayuntamiento de Almàssera tienen que ver con una subvención a la concesionaria de las piscinas municipales para restablecer el equilibrio económico de la concesión. El Consistorio actuó con el informe desfavorable del interventor municipal.
Los indicios de responsabilidad contable de la Sindicatura se basan en que las pérdidas "no tienen carácter de excepcionalidad ni se deben a riesgos imprevisibles". El Ayuntamiento alegó que la subvención era para la deuda del suministro de gas de la piscina municipal y que el dinero no pasó por la concesionaria.
Mientras, los problemas aflorados en Benassal tienen que ver con el descontrol en las subvenciones. Las posibles irregularidades detectadas por la Sindicatura de Comptes se refieren a la falta de justificación de unas ayudas concedidas sin estar en el presupuesto y sin ningún expediente regulador, por lo que no se respetaron los principios de igualdad ni la concurrencia competitiva.
Además, alerta la Sindicatura de que las facturas del Ayuntamiento carecen de acta de conformidad que determine la prestación del servicio, excepto las que entran a través de la Plataforma FACE (Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas). "Existe un anticipo de caja cuya tramitación no se ha realizado conforme a las Bases y que, además, no está incluido en el arqueo", añade.