BENIDORM. La Corporación municipal de Benidorm ha aprobado hoy por unanimidad suspender definitivamente el cobro de la tasa por la instalación de mesas y sillas correspondiente al periodo comprendido entre el 14 de marzo y el 31 de marzo de 2021, para “aliviar la situación que está viviendo el sector de la hostelería y la restauración como consecuencia de la crisis de la Covid-19”. La propuesta inicial del alcalde, Toni Pérez, ha sido enmendada por el propio gobierno y el grupo municipal socialista, y modifica la Ordenanza Fiscal número 20 reguladora de la tasa por la utilización privativa y el aprovechamiento especial del dominio público local, para incluir la suspensión del cobro en el periodo indicado, “disminuyendo así en gran medida la carga fiscal por este concepto de los establecimientos”.
La concejal de Hacienda, Aida García Mayor, ha incidido en que esta parte de “la convicción de que se han de buscar e impulsar cuantas medidas sean legalmente factibles para ayudar al sector” de la hostelería y restauración y “al tejido productivo de nuestra ciudad”, evitando o reduciendo “en la medida de lo posible” las “cargas impositivas” que podrían derivar “cierres y destrucción de empleos, afectando y agravando la situación económica de muchas familias”.
García Mayor ha recalcado que “por imperativo legal”, el Ayuntamiento deberá girar a los establecimientos una liquidación proporcional por el periodo transcurrido entre el 1 de enero y la entrada en vigor del estado de alarma; un periodo en el que ejercieron su actividad con normalidad.
El pleno ha fijado la partida de gasto de las cuentas de 2020 que quedará indisponible para garantizar el equilibrio presupuestario, mientras que en el presupuesto de 2021 habrá que tener en cuenta la disminución de ingresos derivados de esta tasa.
Esta modificación deberá ahora someterse a información pública por el plazo de un mes antes de entrar en vigor.
Por mayoría, se ha aprobado también inicialmente la modificación de la Ordenanza número 1 de Movilidad. El concejal del área, José Ramón González de Zárate ha indicado que en los últimos años el Ayuntamiento ha desarrollado instrumentos para ordenar la movilidad de Benidorm desde la sostenibilidad, una línea en la que ahora se ahonda al alinear el nuevo documento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y con la Agenda 2030.
De Zárate ha señalado que los cambios de la ordenanza están en sintonía con la nueva reglamentación de la Dirección General de Tráfico (DGT) o con la futura reglamentación ya anunciada por este organismo. Al mismo tiempo, se han tenido en cuenta las sugerencias realizadas en el Consejo Asesor de Movilidad, así como las trasladadas a la Alcaldía por diferentes entidades durante y tras el confinamiento. Entre las principales novedades, el edil se ha referido a la actual Zona de Residentes se reconvertirá en Zona Naranja, Zona Roja y Zona Verde, todas ellas gratuitas para las personas empadronadas en Benidorm que abonen en la ciudad su impuesto de circulación, así como para las empresas con domicilio fiscal en la localidad.
El tiempo de estacionamiento permitido será diferente en cada una de ellas. Así, en la Zona Verde los residentes podrán aparcar por un tiempo máximo de 48 horas y durante 10 días en la Zona Naranja. En la Zona Roja se determinará el tiempo máximo de aparcamiento una vez se configuren estas modalidades de estacionamiento regulado.
Además, se incluye la petición trasladada por AICO, Abreca y Ociobal para fomentar el consumo en la ciudad, habilitando estacionamiento en Zona Naranja también para no residentes cuando acrediten haber consumido en establecimientos de Benidorm. El tiempo de estacionamiento permitido será de una hasta tres horas en función del consumo acreditado.
Otra de las novedades del nuevo texto es que se limita la velocidad en el casco urbano a 30 kilómetros por hora con carácter general, y a 20 kilómetros en las vías de sentido único de circulación.
Por unanimidad, la Corporación ha dado luz verde a una declaración institucional en relación a las dos torres ‘Gemelos 28’ en Punta Llisera sobre las que pesa una orden de demolición dictada por el Tribunal Supremo, y cuyo proceso de ejecución está en manos del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ).
Tras el proceso de Mediación cerrado sin acuerdo, la Corporación de Benidorm sostiene en la declaración, propuesta en el seno de la Junta de Portavoces, que “la no demolición es un asunto de interés municipal y utilidad pública” atendiendo al “daño que puede hacerse a los intereses colectivos económicos, ambientales, turísticos y a la ineficiencia e ineficacia de la demolición”, puesto que con posterioridad cabe “la posible reedificación” de las mismas “unos pocos metros (7/8 metros lineales) retranqueados de la actual línea que ocupa la fachada”. La declaración incide, además, en “el elevadísimo coste de la ejecución de la sentencia” –fijado por la Generalitat en cerca de 130 millones de euros-; así como “la imposibilidad de utilizar, por el público en general, el espacio de servidumbre de protección, que sigue siendo de propiedad privada”.
La propuesta aboga por “instar las posibles vías de carácter jurídico” para el “reconocimiento de esa utilidad pública no sólo para el Ayuntamiento sino también en los ámbitos administrativos estatales, autonómicos y en el ámbito judicial”.
Con el voto de todos los concejales se ha aprobado concurrir a la convocatoria del programa Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos, planteado por la Secretaría de Estado de Turismo, con un proyecto de 4 millones de euros. La portavoz del gobierno local, Lourdes Caselles, ha recordado que la propuesta incluye el desarrollo y ejecución “de 19 actuaciones previstas en el Plan Benidorm DTI + Seguro”, en un plazo de 3 años y que, en caso de ser seleccionados, serían financiado al 33% por las tres administraciones implicadas. De este modo, el Ayuntamiento debería aportar un total de 1.335.000 euros durante todo el periodo, a razón de 445.000 euros anuales. Con esta misma cuantía participarían también el Gobierno Central y la Generalitat Valenciana hasta alcanzar los 4 millones de euros.
Caselles ha precisado que en las actuaciones incluidas en el proyecto están una nueva fase –la 4ª- de la musealización del Castellum del Tossal de La Cala; la construcción del Aula del Mar y creación de jardín público frente al paseo marítimo de Levante; incorporación de ciclo-senderos en infraestructuras verdes; y renovación del alumbrado ornamental del Paseo de Levante junto con la incorporación de señalización inteligente. Además, también se prevé la ejecución del Plan de Adaptación al Cambio Climático y de Economía Circular; implementación de sensores medioambientales y filtros de entrada a zonas de bajas emisiones; la implantación de un observatorio de sostenibilidad; la mejora de la implementación de la calidad en destino y empresas, herramientas de ‘Big Data’ e inteligencia turística, así como la incorporación de programas de gestión de riesgos y protocolos de seguridad e higiene, y con la formación tanto de gestores como de organizaciones para la creación y gestión de experiencias turísticas más seguras.
Por mayoría, se ha acordado adjudicar un préstamo a largo plazo por importe de 1.326.535,06 euros. La titular de Hacienda ha recalcado que la concertación del préstamos persigue “no mermar la capacidad de liquidez del Ayuntamiento ni generar tensiones de tesorería” a la hora de atender dos obligaciones de gasto. Se trata de la segunda aportación del Ayuntamiento al programa Red.es por importe de 800.000 euros, reclamada por el Gobierno de España aunque no se ha licitado del programa; y el modificado de obra de remodelación de la avenida del Mediterráneo.
García Mayor ha recordado que “el Ayuntamiento dispone en estos momentos de 5,7 millones de euros de superávit de 2019 del que no podemos disponer a pesar de haber reclamado al Gobierno Central que autorice su uso para atender necesidades y gastos municipales, derivados de la crisis económica y social derivada de la emergencia sanitaria provocada por la Covid-19”.
A continuación, y con idéntico resultado, el gobierno ha culminado el expediente del modificado de obras de la primera fase de la remodelación de la avenida del Mediterráneo, que ha sido redactado por los técnicos municipales. El concejal de Obras, José Ramón González de Zárate, ha incidido en “la complejidad” de esta remodelación, que se ha incluido trabajos en el subsuelo en profundidades por encima de los 4 metros y que se ha realizado “sin paralizar la actividad de los establecimientos” de la zona.
De Zárate ha aclarado que en el desarrollo de esta obra han surgido “circunstancias sobrevenidas”, tal y como han corroborado los técnicos municipales y que “justifican” este modificado, que asciende a 2.125.509,59 euros. De esta cuantía, 521.923 euros se abonarán con cargo a los recursos económicos del Ayuntamiento –a través de la operación de crédito concertada- y 1.603.586,29 con cargo a los recursos del servicio de agua y alcantarillado. El edil ha recordado que además de la remodelación de la propia avenida, el proyecto también ha incluido la renovación de la Plaza de la Hispanidad y las calles aledañas (Puente, Valencia, Esperanto, Periodista y Escritor Emilio Romero, Doctor Pérez Llorca y Bilbao), así como la avenida de Europa.
Por mayoría, el pleno ha mostrado “el apoyo expreso del Ayuntamiento de Benidorm al recurso de inconstitucionalidad que el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados presentará contra el Real Decreto-ley 27/2020” en relación a los superávits de las administraciones locales para “defender los intereses de todas las entidades locales y los ahorros de todos los vecinos”. Asimismo la moción, conjunta de los grupos PP y Cs, ha trasladado “el profundo rechazo de este Ayuntamiento al procedimiento negociador que el Gobierno de España ha mantenido con la FEMP” en relación a este decreto para “lograr un acuerdo que diera una apariencia de apoyo unánime de las entidades locales” a dicho documento. El acuerdo incluye pedir la reprobación del presidente de la FEMP, Abel Caballero; así como rechazar “cualquier medida del Gobierno de España tendente a apropiarse de los ahorros acumulados por los vecinos de los municipios españoles”.
Con el voto de la mayoría de la Corporación, ha prosperado una moción presentada por el grupo municipal popular para instar al Gobierno de España a adoptar medidas a favor del sector turístico. Entre las medidas solicitadas está destinar “como mínimo el 30% del fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas” y del Fondo Europeo de Recuperación a mercantiles del sector turístico. Además, se reclaman medidas fiscales específicas como un tipo de IVA súper reducido al sector turístico durante 2020 y 2021; bajada de las tasas aeroportuarias en un 25%; eliminación de aquellas que graven las pernoctaciones; e incentivos para reactivar el consumo en actividades turísticas.
La moción incluye la petición de prórroga de los ERTES de fuerza mayor hasta final de año, incluso hasta el primer trimestre de 2021; la ampliación de las líneas ICO; y que se provea de los equipos de detección y protección adecuados a todos los aeropuertos, puertos y estaciones de ferrocarril con tránsito internacional. Asimismo se reclama una campaña de promoción internacional coordinada con las Comunidades, destinos y sector para poner en valor la marca España como destino turístico seguro.
Con el voto unánime de la Corporación, se ha iniciado el procedimiento para pedir a la Generalitat Valenciana la concesión de la Cruz al mérito policial con distintivo azul para el agente de la Policía Local Enrique Tortosa por sus más de 10 años de servicio y estar en posesión de dos Felicitaciones Públicas a título individual.
