BENIDORM. El Ayuntamiento de Benidorm va a recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) la sanción impuesta por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) por supuestos vertidos de aguas residuales al río Amadorio desde la EDAR de Villajoyosa. Unos vertidos no autorizados de los que el organismo de cuenca hizo responsables a los Ayuntamientos de Benidorm y Finestrat –eximiendo a su vez a los de Villajoyosa y Orxeta-, imponiéndoles sanciones y multas por un importe total de 28.772,03 euros. De los ellos, 17.107,85 euros corresponden al Ayuntamiento de Benidorm.
El concejal de Ciclo del Agua, José Ramón González de Zárate, ha recordado que la CHJ inició el procedimiento sancionador en diciembre de 2020. “Ya en su momento –ha explicado- presentamos un recurso de reposición al entender que no había motivación suficiente para cuantificar el daño que se había producido al dominio público hidráulico, y al considerar que hubo deficiencias en el proceso de toma de muestras, puesto que no se citó a ningún representante del Ayuntamiento ni se puso a disposición de los técnicos una muestra para realizar un análisis contradictorio”.
No obstante, “el mes pasado la CHJ rechazó nuestro recurso, alegando que la toma de muestras se hizo en presencia de un representante de la EPSAR, que es la entidad que se encarga de la gestión de la EDAR de Villajoyosa, a la que se entregó las muestras por duplicado” para que pudiera hacerse el análisis contradictorio.
De Zárate ha explicado que el Área de Ingeniera rechaza esta explicación y ha expresado “su disconformidad con la sanción y la indemnización que se nos ha impuesto”, puesto que “el Ayuntamiento de Benidorm no tiene ningún acuerdo con la EPSAR respecto a la explotación de la EDAR de Villajoyosa y no ha tenido la posibilidad de acudir al acto de toma de muestras ni contar con una muestra del vertido para hacer los análisis contradictorios”.
Por todo ello, y a partir del informe de Ingeniería, la Junta de Gobierno Local (JGL) ha decidido recurrir la sanción e indemnización de la CHJ. “Consideramos que la actuación de la CHJ no es justa, ni proporcionada, ni está fundamentada; y por eso vamos a acudir al TSJ a defender el interés general de la ciudad de Benidorm, por cierto modélica en la gestión del ciclo hídrico y medioambiental, y que invierte muchísimos recursos para seguir siendo referente”, ha apuntado el edil.
De Zárate ha lamentado que “la CHJ solo se fije en Benidorm para imponer sanciones, que además no nos corresponden, en lugar de para autorizar todas las obras e inversiones que ha solicitado este Ayuntamiento para mejorar los barrancos de la ciudad y evitar así la posible llegada de agua a nuestras playas”. “La actuación de la CHJ no está en sintonía con el esfuerzo inversor y el interés de este Ayuntamiento por mejorar la situación de los barrancos”, ha precisado.
Paralelamente a la interposición del recurso ante el alto tribunal, la JGL ha acordado proceder al abono de los 17.107,85 euros “ya que este tipo de sanciones se contabilizan ante la Agencia Tributaria y no queremos que esto impida al Ayuntamiento poder optar a subvenciones”. Si posteriormente el TSJ da la razón a Benidorm, el Ayuntamiento solicitará la devolución de este importe.
