BENIDORM. La expropiación de los terrenos del Moralet dan un nuevo giro de guion. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha firmado un auto de aclaración de sentencia en el que las arcas del Ayuntamiento de Benidorm pierden aún más. El último fallo que incrementaba el valor del suelo que se expropió a la empresa Incobe S.L., participada por el conocido empresario alicantino Enrique Ortiz, lo dejaba en algo más de nueve millones de euros: 9.041.783,01 euros para ser más concretos. Sin embargo, la nueva consideración asciende el precio a los 10.304.402 euros. Es decir, más de un millón de euros de diferencia.
Pero la comparación es más considerable teniendo en cuenta la cuantía que se estableció en su momento: 5,9 millones de euros que el Ayuntamiento ya pagó. Así, ahora se suman otros 4,3 millones que están consignados en el capítulo de Inversiones del presupuesto de 2022, ya aprobado de manera definitiva, y que tendrá que afrontar con financiación externa a través de la contratación de un préstamo.
Para ello, lo han sacado a concurso público para que se presenten las entidades interesadas. Según el pliego de prescripciones técnicas del contrato, será un préstamo a largo plazo para 4.341.270,71 euros que completarían la deuda con el empresario para incrementar la deuda con los bancos.
La historia de los terrenos del Moralet viene de lejos. Tal y como publicó este diario, en 2008 el empresario firmó una permuta con los propietarios del suelo en el que canjean, sin dinero de por medio, 332.894 metros cuadrados de parcela en el Moralet, por 4.712,19 metros cuadrados repartidos en un local de la estación de autobuses y 148 plazas de garaje. Según consta en el acta notarial de la permuta, los terrenos se valoraron en ese momento por 7.883.374 euros, mientras que el local alcanzaba los 5.783.374 euros. Sin embargo, en 2011 la empresa de Ortiz inició los trámites para obligar al Ayuntamiento a la expropiación forzosa por no haberse desarrollado en el plazo establecido: reclamó por ellos 47 millones de euros.
El Consistorio tasó el terreno, no urbanizable, en 73.000 euros. Tiempo después, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana lo fijó en 5,9 millones, cantidad que fue ratificada por el Tribunal Supremo. El importe lo abonaron en 2017, pero se olvidaron los intereses de demora que ascendía a 1,08 millones de euros. Pero no queda ahí, el Ayuntamiento pagó 40 euros menos de lo que se falló por un error. Se devolvió el expediente a su fase anterior y terminó con un nuevo contencioso de la empresa que ha servido para incrementar el precio del suelo en 4,3 millones de euros.
Según recoge el pliego para la contratación del préstamo, el plazo total de la operación será de 7 años y se dividirá en dos períodos. Un primer período de carencia que abarcará el plazo de una año y un segundo período que corresponderá al de amortización, que tendrá una duración de seis años, que se contará a partir del período de carencia. Así, recoge que durante el plazo de carencia se podrán disponer de los fondos en función de las peticiones que realice el Ayuntamiento, satisfaciéndose intereses solo por la cantidad dispuesta, con periodicidad trimestral y pospagable. Finalizado el período de carencia se desembolsará la totalidad del préstamo —en el caso de que no estuviera desembolsada—, para empezar con su amortización.