Benidorm pedirá que no se derribe Gemelos 28 por utilidad pública

BENIDORM, (EFE). El Ayuntamiento de Benidorm acudirá a "todas las instancias que proceda" para lograr el reconocimiento de "utilidad pública" e "interés municipal" para la no demolición de las torres Gemelos 28, como parte afectada en el procedimiento de derribo. Para ello, la Junta de Portavoces ha acordado llevar al próximo pleno una moción en ese sentido.

La propuesta tendrá como base un informe del secretario municipal, al que ha tenido acceso Efe, en el que se pone de manifiesto, entre otros aspectos, el elevado coste de la demolición para las arcas de la Generalitat, alrededor de 130 millones de euros, o el hecho de que una vez derribado la edificación pueda volver a levantarse apenas siete metros más atrás.

La sentencia del Tribunal Supremo, de 2012, ordenaba la demolición de los inmuebles. Sin embargo, a la vista de la dificultad de su ejecución, las partes decidieron acudir a la Corte de Arbitraje y Mediación de Valencia a finales de 2019.

Ese proceso fue finalizado el pasado mes de julio sin alcanzar ningún acuerdo. El informe del secretario municipal argumenta como una de las causas la "posición jurídica ultra ortodoxa" de la Corte.

Dicho eso, el secretario expone algunas razones para la declaración de utilidad pública no demoler Gemelos 28. En primer lugar cita que la demolición no impedirá "la posibilidad urbanística de reedificación de la parcela".

Incide, además, en que la parcela se encuentra fuera del ámbito del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de Serra Gelada y su zona litoral.

Otra de las razones expuestas es el "elevadísimo" coste de eliminación de los bloques. "El precio a soportar no justifica la utilidad pública de la ejecución de la sentencia, antes bien al contrario" afirma el informe, que califica el coste de "absolutamente desmesurado y desproporcionado para el objetivo a alcanzar".

En ese sentido añade que ese gasto "devendrá inútil" por cuanto "podrá reedificarse la parcela y lo único alcanzado es retrasar unos metros la fachada construida del litoral en esa parte del suelo urbano".

Por si fuera poco, el secretario recoge que "ni un solo metro cuadrado de suelo se convertirá en público" puesto que la servidumbre no implica un cambio de titularidad de los bienes.

El informe también subraya la imagen negativa que se llevarían los espectadores de este "bochornoso" derribo o el coste, condiciones y efectos de la demolición para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el cambio climático y las emisiones de CO2 a la atmósfera.

Hay más argumentos ya que se recalca que sería "muy difícil de entender para la sociedad en general" que se gasten más de 100 millones en demoler un edificio "que a renglón seguido puede edificarse unos pocos metros más atrás", además de insistir en los "riesgos de los vertidos al mar".

Se considera además que la ejecución de la sentencia que ordena el derribo en lugar de beneficiar el interés general "terminaría perjudicando y lesionando dicho interés".

Por otra parte, el informe recoge algunas propuestas que justifiquen la no demolición y señala algunas alternativas de mejora ambiental del litoral y del uso ciudadano.

Entre ellas, cita la "protección y arreglo" de los bordes del frente marítimo, "aumentar la seguridad de los vecinos de la zona y usuarios", la construcción de una pasarela peatonal "desde la que se podrá acceder al mar" y, por último, "convertir toda la planta baja en un espacio público ajardinado como un mirador lúdico y turístico".

De igual modo, el informe propone al pleno que el Ayuntamiento "suspenda" cualquier trámite que afecte a la demolición de los bloques y que se declare que la no demolición "es un asunto de interés municipal y utilidad pública" tanto por "la realización del proyecto de prolongación del Paseo de Levante" como por la "ineficiencia e ineficacia" de la demolición.