BENIDORM, (EFE/AM). El ayuntamiento de Benidorm ha aprobado en el pleno municipal modificar la ordenanza de Movilidad para adaptarla a los requisitos que debe cumplir la ciudad para poder poner en marcha la Zona de Bajas Emisiones, según la normativa nacional. En sesión ordinaria de agosto, el punto ha salido adelante por mayoría con 23 votos favorables de PP y PSPV-PSOE y con el voto en contra del único edil de Vox.
La modificación pretende también actualizar la normativa para dar cabida a la ordenación de la movilidad que se ha venido aplicando en el municipio en los últimos tiempos.
“Para la ciudad de Benidorm la movilidad es un elemento de vital importancia y con esta modificación queremos favorecer al residente y sentar las bases que garanticen una buena convivencia entre vecinos, turistas y visitantes”, ha argumentado el concejal de Movilidad, Francis Muñoz, quien también ha asegurado que, de esta forma, “consolidamos el modelo turístico inclusivo y sostenible de Benidorm”.
La Zona de Bajas Emisiones afectará tanto al centro como a las zonas de Levante y Poniente y abarcará una superficie de 75 hectáreas.
En las zonas demarcadas como de bajas emisiones se favorecerá el tránsito peatonal, se fomentará el uso del transporte público y vehículos no motorizados y se limitará el acceso de vehículos más contaminantes como recoge la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Alguna de estas medidas ya han sido puestas en práctica por el ayuntamiento en los últimos tiempos.
Por otra parte y en la misma sesión plenaria, también ha dado luz verde a la liquidación del contrato con la anterior concesionaria del parking de l’Aigüera, con la que el Ayuntamiento recuperará 644.591 euros. Este ha sido uno de los principales motivos de debate entre los dos grandes partidos, PP y PSOE, a pesar de que la moción se aprobó por unanimidad.
Como ya adelantara Alicante Plaza, se trata de la incoación de expediente de liquidación contractual con la mercantil Aparcamientos Concertados SA, ahora FCC Medio Ambiente SAU, con relación al contrato de continuidad de concesión del servicio del aparcamiento de l’Aigüera durante el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2021 y el 1 de febrero de 2023. La portavoz del gobierno local, Lourdes Caselles, ha recordado que la incoación de este expediente es consecuencia del acuerdo plenario del pasado 27 de mayo, donde se aprobó la nulidad de pleno derecho de la ampliación de este contrato de concesión, tras la revisión de oficio iniciada por los técnicos municipales a petición del alcalde Toni Pérez, y siguiendo las recomendaciones de la AVAF.
Durante su comparecencia, Caselles ha señalado que esta propuesta de liquidación permitirá al Ayuntamiento recuperar 644.591,63 euros en concepto de reintegro de los ingresos que la empresa contratista habría obtenido indebidamente durante el periodo de contrato que se declaró nulo, una cantidad que ha sido calculada teniendo en cuenta conceptos como los ingresos totales obtenidos por la empresa durante este periodo, los gastos, el canon abonado y el beneficio industrial, que estaba fijado en el 6%. Igualmente, la portavoz del gobierno ha recordado que esta ampliación del contrato, aprobada en pleno en mayo de 2021, se realizó “tal y como ahora se acuerda su liquidación, siguiendo en todo momento las indicaciones de los técnicos municipales, de acuerdo a la ley y en defensa del interés general”, tras lo cual ha puntualizado que la controversia planteada por la AVAF tenía que ver “con el tipo de contrato que se aprobó, si era un contrato por obra y servicio o solo un contrato de servicio” y “no con que fuera ilegal o no se pudiese aprobar”.
Por su parte, la portavoz del PSOE, Cristina Escoda, aseguró que era una "tropelía" a las arcas municipales y puso el foco en el que era el concejal de Movilidad en aquel entonces, todavía en el gobierno local, José Ramón González de Zárate, que pese a la petición de explicaciones por parte de los socialistas, optó por no tomar la palabra.
En materia de Contratación, el pleno ha acordado con el respaldo unánime de los tres grupos la revisión de tarifas que se aplicarán en los aparcamientos del Mercado Municipal, la calle Tomás Ortuño y la avenida de l’Ametlla de Mar para el año 2024, tal y como establece el artículo 41 del Pliego de Cláusulas que rige el contrato de concesión de obra de estos aparcamientos, integrados en el “Plan de Aparcamientos Benidorm Futura 2000”. Así, el precio por minuto de aparcamiento se fija en 0,0359 euros, con un máximo diario por 24 horas de 21,54 euros, a lo que se suman otras tarifas reseñadas por los técnicos municipales de Ingeniería.
La concejal de Contratación, Aida García Mayor, ha recordado que esta revisión de tarifas se produce tras la petición realizada el pasado mayo por la empresa concesionaria y ha indicado que, utilizando como base estos precios, el adjudicatario podrá aumentarlos en temporada estival –entre el 21 de junio y el 22 de septiembre– un 20%, estando obligado, en este caso, a reducirlos para el resto de temporada un 20%, tal y como está recogido desde el año 2010 en el Reglamento de Funcionamiento de estos estacionamientos.
En este sentido, el Grupo Socialista ha destacado que el equipo de Gobierno se ha visto obligado a ejecutar esta revisión tras la denuncia realizada por el PSOE, el pasado mes de mayo: “Se va a restablecer la legalidad en estos tres aparcamientos públicos por el trabajo de fiscalización realizado por este grupo municipal”, ha afirmado. En cuanto a las nuevas tarifas, Charco ha reivindicado como logro que los vecinos y usuarios de estos tres aparcamientos han salido “favorecidos” puesto que no se van a aplicar los "elevados precios que quería implantar la mercantil y se va a reducir de seis a tres meses el periodo en el que la concesionaria puede incrementar un 20% la tarifas por ser temporada estival", han recordado posteriormente en un comunicado.
En materia económica también ha salido adelante por mayoría el reconocimiento extrajudicial de crédito para proceder al abono de 564.461,63 euros de facturas “de gastos ordinarios básicos y de otras que se han presentado fuera del ejercicio corriente y corresponde pagarlas ahora” ha indicado la edil Aida García Mayor. Todas ellas, ha dicho, “cuentan con el visto bueno de los departamentos correspondientes”. La edil, además, ha recalcado que desde el gobierno “trabajamos para que cada vez sean menos las facturas que se aprueban de esta forma”.
La titular de Hacienda ha insistido en que todas las facturas “tienen consignación presupuestaria” y por eso se llevan al pleno para su aprobación. “No podemos dejar de pagar a empresas que han prestado sus servicios y, además, es un mecanismo que contempla la ley. No vamos a dejar de pagar a proveedores ni dejar de prestar servicios” ha apostillado.
El pleno también ha acordado por unanimidad iniciar el procedimiento de concesión de distinciones y condecoraciones por parte de la Generalitat Valenciana a los agentes de la Policía Local de Benidorm, Jesús López Moreno y Ramón Agüero Veitch, Cruz al Mérito Policial con distintivo azul “por sobresalir con notoriedad y perseverancia en el cumplimiento de los deberes a su cargo, tener una conducta ejemplar y haber desempeñado al menos diez años de servicio activo como Policía Local en la Comunidad Valenciana y estar en posesión de dos felicitaciones públicas” ha indicado el concejal de Seguridad Ciudadana, Jesús Carrobles. “Unos hechos cumplidos por ambos agentes” ha añadido.
Por último, en la sesión de hoy se ha dado cuenta a los grupos políticos de la presentación del escrito de preparación del recurso de casación al Tribunal Supremo contra la sentencia 343/2024 de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de la Comunitat Valenciana, que condenó al Ayuntamiento al pago de 283 millones de euros más los intereses legales por el convenio urbanístico de compensación por los aprovechamientos urbanísticos de los terrenos incluidos en el sector APR-7. Esa sentencia revocó una anterior que se pronunció a favor del Ayuntamiento de la ciudad.