BENIDORM. El Ayuntamiento de Benidorm va a pedir a la concesionaria de la zona azul y la grúa que mantenga el servicio hasta que haya una nueva adjudicación. Así lo aprobó este lunes el pleno y en estos momentos se encuentra en proceso de notificación a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Autobuses Playa de San Juan y SICE. Según explicó el concejal de Movilidad, Francis Muñoz, una vez se les traslade, tendrán un plazo de diez días para alegar la decisión, que entre otros asuntos, resuelve el contrato por incumplimientos reiterados.
Este lunes, cuando el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) conoció el 'desahucio' a la empresa, trasladó a Muñoz la inquietud de la plantilla de trabajadores sobre su futuro. Preguntado sobre este asunto, el edil del área indicó a este diario que ya se había reunido este martes con el comité de empresa.
En este sentido, señaló que el mandato a la UTE es que continúe con el servicio. Así lo recoge la propuesta aprobada en el pleno, que advierten de que debe "adoptar las medidas necesarias por razones de seguridad, o indispensables para evitar un grave trastorno al servicio público". Para ello, se acogen al artículo 225 del RDL. 3/2011 del TR. De la Ley de Contratos del Sector Público, en concordancia con lo señalado en el artículo 213 de la vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
La intención por tanto del gobierno local es que continúe el servicio. Hay que tener en cuenta que en este caso, es la empresa la que paga un canon al Ayuntamiento, y no al revés. Lo que además de beneficiarse de la agilidad en el estacionamiento y el servicio de la grúa, también tiene su parte recaudatoria. La concesión vencía en un año. El caso contrario está en la vecina población de la Vila Joiosa, quien estuvo más de un año sin zona azul porque el contrato terminó sin sacar a licitación el nuevo pliego a tiempo.
Con todo, sabiendo que la empresa tendrá que continuar, la plantilla continuará al 100%, al menos lo que tarden en cambiar de empresa. El único escenario contrario a ello es que la concesionaria batallara y se negara a continuar.
Toda esta situación deriva de un conflicto abierto por no cumplir con el contrato. Hasta siete faltas detectadas por los técnicos en un informe en el que se basan para tomar esta decisión. Algunas de ellas vienen cometiéndose desde hace años, pero no se ejecutó por parte del Consistorio hasta que la denuncia ciudadana puso el foco en el cobro de una tasa por gestiones en la app de pago de la zona azul. Una cuantía que siguen cobrando a pesar de que se les requirió que no lo hicieran desde el Ayuntamiento y en la que vuelven a insistir ahora, pidiendo que se reembolse a los usuarios el importe de más.
Los siete incumplimientos son los siguientes: Cobrar más de lo que establece la tarifa aplicable, no comunicar al Ayuntamiento la recaudación adicional de unos supuestos gastos de gestión no aprobados, reducción del personal adscrito al contrato sin autorización municipal, cese de la asistencia técnica actual, incumplimiento de existencia de oficina en vía con estacionamiento regulado, incumplimiento con el cajero automático expendedor al no expender dinero e incumplimiento con materiales y equipos de oficina. Todos estos incumplimientos son calificados como "infracción muy grave" y cinco de ellos, según el informe técnico, conllevan "la resolución inmediata del contrato".
