BENIDORM. El Ayuntamiento de Benidorm va a destinar gran parte de los 13,1 millones de euros de ahorro obtenido en 2022 a “gasto social” y a “dinamizar la economía”, según ha avanzado hoy el alcalde, Toni Pérez, en una rueda de prensa en la que ha informado de los resultados de la liquidación del presupuesto del año pasado, de la que se dará cuenta en el pleno del próximo lunes, día 24.
Se sigue así la misma tónica que en los ejercicios anteriores, en los que el ahorro sirvió para incrementar las ayudas, subvenciones y programas previstos para atender a las familias y empresas de Benidorm.
El alcalde ha adelantado que “el dinero que el Ayuntamiento ha conseguido ahorrar en 2022 gracias a la buena gestión económica de este equipo de gobierno se va a reinvertir en las familias y en el tejido productivo, dotando de recursos a las partidas que requieren de financiación, sobre todo las de ámbito social, y reeditando proyectos que llevan ya el sello Benidorm como la campaña de bono-consumo ‘#BenidormTeDaMás’, que este año tendrá nueva edición y que ha demostrado ser un gran proyecto de dinamización, generando un retorno económico impresionante”.
Toni Pérez ha explicado que “siguiendo el trámite administrativo, se llevarán a pleno las modificaciones presupuestarias para incorporar esos 13,1 millones de euros Remanente de Tesorería para Gastos Generales al presupuesto municipal y así poder hacer uso del mismo”.
El alcalde ha trasladado que el documento de liquidación del presupuesto de 2022 es “un aval de la buena y eficiente gestión económica” que se ha realizado “en unos años todavía de muchísima complejidad”, en los que la acción municipal ha permitido, pese a todo, “conseguir ahorros” y conjugarlos con “una rebaja de impuestos”, con “la no liquidación de algunas tasas como la de las mesas y sillas”, con la articulación de “ayudas y atención a familias y tejido productivo”; y con la asunción por parte del Ayuntamiento del “incremento brutal de la energía” y de servicios como el de tratamiento de la basura –impuesto por la Generalitat Valenciana,- para que esos aumentos de costes no lleguen al ciudadano.
El alcalde ha destacado que “además de gestionar bien los recursos de todos los benidormenses, el Ayuntamiento está siendo muy ágil a la hora de pagar a los proveedores, muchos de ellos empresas, pymes y micropymes locales”. Así, el periodo medio de pago a proveedores es de 4,23 días, muy por debajo del plazo máximo de 30 días que fija la ley. “Pagar a nuestros proveedores de una forma tan rápida es también una forma de apoyar a nuestro tejido productivo”, ha recalcado, tras señalar que “en los últimos ocho años el periodo medio de pago se ha reducido en prácticamente diez puntos”.
Según el documento firmado ayer por la Intervención municipal, la deuda viva del Ayuntamiento es de 31,5 millones de euros, en su mayoría procedente de los préstamos solicitados para atender la aportación municipal a los proyectos de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI) y el Plan de Sostenibilidad Turística ‘Benidorm DTI + Seguro’ o actuaciones 100% municipales como la ampliación del cementerio, la renovación de la catenaria de Levante y la pasarela de la playa de Poniente, la adquisición del suelo para el parque de El Moralet, los 4 millones de euros del IVA del centro cultural y todo el equipamiento de estas instalaciones; la implantación de la Zona de Bajas Emisiones; o la renovación de luminarias en toda la ciudad del proyecto IDAE.
Toni Pérez ha remarcado que “hablamos de proyectos clave para el Benidorm actual y del futuro, a los que no podemos renunciar y que vienen a mejorar la vida de los residentes, la reputación de la ciudad, su capacidad de atracción y los datos turísticos”.
Tal y como ha aclarado el alcalde, “Benidorm en este momento podría devolver esa deuda en solo tres años” si “destinara remanentes como el de 2022 a ese fin en lugar de a gasto social como va a hacer”. Sin embargo, ha precisado, esto implicaría “sustraerle al tejido productivo y social de Benidorm la posibilidad de recibir ayudas”, ya que la ley “no permite pedir préstamos para lanzar bonos-consumo, para atender becas o para gasto social”.
