BENIDORM. El Ayuntamiento de Benidorm ya ha inscrito en el Registro de la Propiedad el proyecto de reparcelación del PAU 1-El Murtal, un sector de más de 900.000 metros cuadrados en los que se pueden construir un máximo de 2.942 viviendas. La concejala de Urbanismo, Lourdes Caselles, ha explicado que “después de solventar diferentes vicisitudes jurídicas y registrales, el proyecto de reparcelación forzosa ya está inscrito, por lo que partir de este momento se pone en marcha el calendario de este PAU, tanto desde el punto de vista urbanístico como económico”.
Caselles ha precisado que según el convenio firmado en 2006 por el Ayuntamiento y el urbanizador, Prometosa, “las obras de urbanización deberán desarrollarse en un plazo máximo de 36 meses a contar desde la inscripción de la reparcelación en el Registro de la Propiedad”. Pero además, a partir de la inscripción y en un plazo de dos años, el agente urbanizador deberá aportar otros 6 millones de euros para “la ejecución de obras públicas extrasectoriales que decida el Ayuntamiento de acuerdo con el planeamiento”, así como costear el depósito de abastecimiento de agua.
En este punto, la edil ha recordado que en la oferta presentada en su día por Prometosa para convertirse en agente urbanizador, el desarrollo de este sector se traducía en 8,5 millones de euros para el Ayuntamiento. A la firma del convenio, el Ayuntamiento ya recibió 1,2 millones de euros. El montante restante, según el acuerdo, se iría materializando a partir de un momento clave: la inscripción del proyecto de reparcelación en el Registro de la Propiedad. De hecho, a los 60 días de esa inscripción tiene que recibir otros 1,2 millones de euros.
De ahí, que en la propuesta firmada por Caselles, que se abordará en la próxima Comisión Informativa de Urbanismo, el Ayuntamiento requiera al urbanizador el pago de esos 1,2 millones de euros comprometidos en el plazo estipulado de 60 días. Asimismo, también se le requiere el abono de la factura correspondiente a la inscripción en el Registro, que asciende a 122.127,23 euros.
Siguiendo con el calendario fijado en el convenio, tras el abono de esos 1,2 millones de euros, el urbanizador deberá aportar el resto, hasta alcanzar los 6 millones de euros, en 24 meses; una cuantía que se traducirá en obra pública.
Los 1,3 millones de euros que restarían hasta los 8,5 millones ofertados en su día por el urbanizador no se ingresarán en las arcas municipales, ya que inicialmente irán a compensar las cargas de urbanización que le corresponden pagar al Ayuntamiento por el suelo que tiene en el sector.
La responsable de Urbanismo ha agregado que “hasta la fecha el desarrollo de este sector ha estado estancado y supeditado a los numerosos recursos judiciales interpuestos por el agente urbanizador, que mayoritariamente se han ido resolviendo a favor del Ayuntamiento”. En estos momentos, “sólo queda un recurso vivo, el presentado por Prometosa contra el pago a los acreedores netos de algo más de 60.000 euros hecho por los propietarios del suelo para desbloquear el sector”.