BENIDORM. Sin final feliz. El Ayuntamiento de Benidorm ha iniciado los trámites para quitar la condición de agente urbanizador a la mercantil Prometosa Construcciones que tras casi dos décadas no ha sido capaz de iniciar la obra. Después de un largo recorrido, también en la parte judicial, el Consistorio se ha cansado de esperar y ha movido ficha. Para ello, han relatado una serie de incumplimientos que atribuyen a la empresa y que motivan su salida de esta gran bolsa de suelo situada en la Cala.
El Programa de Actuación Integrada (PAI) del Sector PAU 1 'Murtal' tiene previsto ordenar este suelo urbanizable que se extiende por una superficie de 931.815, 30 metros cuadrados. Está ubicada en la zona de Poniente y en los últimos años es conocida en la ciudad por albergar el evento festero de la Acampada. Al margen de ello, los propietarios siguen esperando a que se desarrolle urbanísticamente ya que hay proyectadas unas 2.942 viviendas y de momento, los que conservan este suelo solo han tenido gastos.
Tal y como figura en la propuesta aprobada por la Junta de Gobierno Local a principios de mes, el convenio entre la empresa y el Ayuntamiento data de 2006. En él se concretaron las obligaciones recíprocas del Programa, como es el compromiso a ejecutar las obras de urbanización definidas en el Proyecto de Urbanización, además de aportar un proyecto de Reparcelación para su aprobación municipal. Pero la realidad ha sido otra: "Después de diversos avatares administrativos y judiciales", dice la propuesta, lo cierto es que fue el Ayuntamiento el que ejecutó de manera subsidiaria la redacción de equidistribución de beneficios y cargas a través del contrato con una empresa externa.
Este documento llega en septiembre de 2012 para su tramitación y la Junta de Gobierno Local lo aprueba en agosto de 2015. En este sentido, la propuesta de la concejal de Urbanismo, Lourdes Caselles, señala que esta circunstancia se da frente al "incumplimiento del urbanizador, al que se suma la negativa al pago o consignación de las indemnizaciones que correspondían a los acreedores netos en la Reparcelación, -como requisito previo para su inscripción-". Como consecuencia, en febrero de 2018 el Ayuntamiento requiere el pago a la urbanizadora, pero ésta interpone un recurso contencioso-administrativo cuya sentencia desestima en noviembre de 2020.
Para la administración local es una "praxis obstruccionista" para continuar con el desarrollo del PAI. Con todo, varios propietarios de los terrenos se ofrecieron de manera voluntaria a adelantar el pago con carácter finalista. Esto permitió el cobro de los acreedores netos por el importe total de las indemnizaciones y por tanto, que la reparcelación se inscribiera en 2019 en el Registro de la Propiedad. Unos honorarios, recuerda el escrito, que ha sufragado el Ayuntamiento "ante la negativa del urbanizador".
Como ya informara este diario, una vez inscrito empezaba a correr el plazo para ejecutar las obras: su finalización tendría que estar lista antes de llegar a los 36 meses. Entre los cumplimientos se establecía hacer frente a las obras públicas que decidiera el Ayuntamiento de acuerdo con el planeamiento, y a costear y ejecutar el depósito de abastecimiento de agua. En este sentido, en diciembre de 2019 la mercantil inicia el procedimiento de aprobación del proyecto de urbanización y construcción del depósito y recepción del mismo, y obras públicas de urbanización extrasectoriales.
Sin embargo, desde entonces hasta febrero de 2024 el área de Ingeniería le ha remitido hasta nueve informes para subsanar las deficiencias que presentaba la documentación. Así, explican que esta circunstancia ha impedido que se haya sometido a información pública para su aprobación definitiva. Estos "incumplimientos" ya son motivos suficiente para el Ayuntamiento para tramitar la retirada de la condición de agente urbanizador y la resolución del contrato. Pero exponen que también se añaden nuevas argumentaciones: el incremento del 118% de los costes de urbanización y el fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que afecta en un 20% al coste de los compromisos y las obligaciones del adjudicatario.
A pesar de todo ello, un informe jurídico aconsejó al Consistorio que diera una oportunidad más a la empresa. Fue en mayo de este año, a través de una instancia en la que le requerían que presentara el proyecto de urbanización con todas las subsanaciones planteadas. A ello se añadía la advertencia de que de no hacerlo, se iniciaba procedimiento de resolución del contrato, como ha ocurrido finalmente a propuesta de un nuevo informe fechado el 18 de junio de este año.
El acuerdo adoptado también propone de manera provisional la retención de la garantía hasta que termine el procedimiento. Se trata de la de promoción, que equivale al 7% de las cargas de urbanización, que asciende a poco más de 1,6 millones de euros. La relativa a la garantía de retribución nunca llegó a constituirla. La medida persigue garantizar los derechos de los propietarios del sector, entre los que está el propio Ayuntamiento.
Para todo ello, el Consistorio dio un plazo de 10 días para que la mercantil alegara. Un periodo que todavía no ha terminado, según informan a este diario fuentes municipales. La decisión final la tendrá el pleno una vez cumplidos todos los trámites. Así, en el caso de que el urbanizador formule la oposición, la administración local derivará el asunto al Consell Jurídic Consultiu para que emita un dictamen preceptivo.
La relación entre ambas partes no empezó del todo bien. El pleno de julio de 2000 aprobó la Alternativa Técnica y se adjudicó de manera provisional la condición de agente urbanizador a Prometosa. En aquel entonces se fijó la retribución a la sociedad en un 58,4%. Sin embargo, en octubre de ese mismo año el pleno votó a favor del acuerdo de variación de las condiciones de adjudicación del PAI reduciéndolo al 50%. Quedaba pendiente la aprobación definitiva del programa, que llegó en abril de 2003.
Este porcentaje que permite al urbanizador ser retribuido por su trabajo en la zona fue motivo de recurso por parte de la mercantil. Con todo, el Tribunal Supremo en septiembre de 2007 fijó el coeficiente en el 37,79%. Fue en 2011 cuando se le requirió que actualizara el proyecto de reparcelación forzosa con los nuevos parámetros, un documento que termina ejecutando el Ayuntamiento, como se ha explicado previamente.