Pleno de Benidorm. Foto: PEPE OLIVARES.Tras más de 14 horas, el pleno terminó aprobando una moción que los técnicos advirtieron de "ilegal"
BENIDORM. El pleno de Benidorm aprobó este lunes diferentes modificaciones de ordenanzas fiscales relacionadas con las construcciones y reformas de edificaciones en la ciudad. Aunque muchas de las tasas terminaron subiéndolas, se compensaron con la bajada de otras para que "el empresario no lo note", según explicó la concejal de Hacienda, Lourdes Caselles, avalada por los técnicos municipales. Así, acordaron la aprobación de devolver el gravamen del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obra, que pasa de un 2,2% al 4%. Pero se le devolvería el 50% a aquellos que desistan en los proyectos por los que han pedido las licencias en pleno procedimiento, y el 100% si renuncia a obtener la licencia y no hubiera empezado ninguna actividad.
A la vez, disminuyen el porcentaje aplicable a la tasa por licencias urbanísticas "que se gestiona conjuntamente con este impuesto, por lo que el porcentaje conjunto de ambos tributos aplicable a cada expediente no sufrirá aumento", tal y como señala el mismo informe técnico. Es el caso de la ordenanza fiscal nº11 reguladora de la tasa por licencias urbanísticas. En este punto, el gravamen general pasa del 4,12% al 2,32%.
Estas mociones elevadas a pleno por parte de la concejal de Hacienda supuso un temprano debate entre el equipo de gobierno local y los grupos de la oposición. En resumen, criticaban que no se hubiera tenido en cuenta sus propuestas, así como que se subieran diferentes impuestos cuando ya aprobaron en plenos anteriores que no lo harían. Por ello, los socialistas se abstuvieron en todos los puntos, Compromís-Los Verdes y Liberales en contra, salvo en el que bajaba el tipo de gravamen, que se abstuvieron. Mientras que Ciudadanos se abstuvo en el primer punto para "dar un aviso", mientras que votó a favor en el resto, tanto si subía como si bajaban los tributos. Por último, Ciudadanos por Benidorm se abstuvo en todo momento, salvo en el que bajaba el porcentaje en cuestión, que votaron a favor.
Por último, la relativa a las tasas por uso de dependencias municipales para la celebración de espectáculos, los famosos 0,50 euros por entrada vendida, se trasladará a un pleno próximo. El motivo es que la portavoz de Liberales, Gema Amor, hizo una enmienda in voce para incluir otros espacios que no estaban en la propuesta, como consecuencia, Caselles optó por retirar el punto hasta que se estudien las peticiones de toda la oposición.
En otro orden de cosas, el Ayuntamiento aprobó pagar la condena de 1,8 millones de euros a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). Ésta venía después de que los años 2009, 2010 y 2011 hubiera discrepancias en la revisión de los precios entre la empresa y los técnicos municipales. La concesionaria pedía 3,2 millones de euros, por lo que tanto PP como PSOE calificaron la sentencia de satisfactoria.
Asimismo, el fantasma del recurso a la sentencia por parte de la empresa sobrevolaba el pleno, tal y como recordó el concejal de Ciudadanos, Juan Balastegui. Por su parte, el concejal de Limpieza Viaria, José Ramón González de Zárate, explicó que en la autoliquidación del ejercicio de 2013 salió que la empresa tenía que devolver al Ayuntamiento 600.000 euros. Pero los técnicos señalan que son 2,4 millones de euros. Así, el mes pasado el propio Consistorio desestimó las alegaciones de FCC.
El pleno, que comenzó a las 9 horas de la mañana, contó con 27 puntos en el orden del día. Entre los acuerdos alcanzados, destaca que dos de los taxis de Benidorm serán adaptados para clientes con movilidad reducida que utilicen sillas de ruedas. Cabe recordar que hasta que la ciudad no llegue a los 78.000 habitantes, no puede expedir nuevas licencias. La propuesta contó con el voto a favor de toda la corporación local.
Además, pedirán al Servicio Territorial de Comercio que permitan a los negocios abrir el lunes 13 de noviembre, es decir, en Fiestas Mayores Patronales. Una moción que no respaldó Compromís-Los Verdes, que según señaló su portavoz, Josep Bigorra, antepone el derecho de descanso de los trabajadores.
En cuanto a los movimientos relacionados con el futuro Centro Comercial, aprobaron la solicitud de prórroga de seis meses más del convenio con la promotora Unibail-Rodamco. Además, acordaron la creación de una mesa de trabajo del Ayuntamiento y la Asociación Independiente de Comerciantes (Aico) para saber las consecuencias de esta nuevas instalaciones comerciales en la ciudad. Contó con el voto a favor de todos los grupos, salvo la abstención del concejal no adscrito, Leopoldo Bernabeu.
También se aprobó, por unanimidad, colegiar a los juristas del Ayuntamiento para ahorrar en el gasto de profesionales externos, a petición de Ciudadanos (C's).
Al filo de las 23 horas, y por tanto casi 14 horas de pleno después, el pleno aprobó introducir en el orden del día una moción de urgencia que tanto el secretario como el interventor advirtieron que era ilegal. La propuesta se basa en que sea el pleno el que apruebe las bases para las pruebas de selección de personal. Las leyes nacionales dicen que es el alcalde el competente en esta materia, o en su caso, la junta de portavoces. De ahí que los técnicos resaltaran en varias ocasiones que la que estaban debatiendo "es ilegal. No es conforme al ordenamiento jurídico vigente".
La oposición siguió adelante con la propuesta en "defensa de la transparencia". Rubén Martínez, portavoz del PSOE, manifestó que se trata de una "moción política, en todo caso sería alegal. Pero rogaría a los técnicos que se lean todo el temario". Finalmente, a las 23.07 horas, la moción prosperó con 16 puntos a favor y nueve en contra (el PP y el concejal no adscrito).
