BENIDORM. El Ayuntamiento de Benidorm ha anulado la licitación para autorizar la instalación de contenedores para ropa usada y calzado. Lo hace después de haber estimado el recurso de una empresa contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local en el que se aprobaba el expediente de contratación el pasado 28 de octubre. La intención del gobierno local es modificar el pliego para sacarlo de nuevo a concurso público.
La mercantil Air Servicios Ambientales SLU hacía referencia a que no contemplaba la reserva del 50% del contrato a empresas de inserción social y centros especiales de empleo, aludiendo a la aplicación de la Ley 07/2022. De este modo, la Mesa de Contratación ha aceptado estas alegaciones, por lo que se ha procedido a archivar el expediente de contratación. Según explican fuentes municipales, al margen de esta, el Ayuntamiento recibió otro recurso, aunque no ha sido aceptado por "carecer de fundamento". Con todo, avanzaron que la idea es que en las próximas semanas vuelva a licitación con un nuevo pliego.
En su día, tal y como informó este diario, el Consistorio sacó a concurso este contrato a falta de adjudicar el servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos. El actual de ropa usada llevaba desde 2019 caducado con la intención de incorporarlo a la megacontrata. Sin embargo, los plazos se han dilatado hasta el punto de no esperar y recurrir a un nuevo contrato externo.
La licitación contemplaba la autorización patrimonial de uso común especial normal para ocupar la vía pública con contenedores y salía por un plazo de ejecución de un año, con posibilidad de prorroga de otros tres. Con ello se establecía un servicio de recogida en régimen de exclusividad con contenedores específicos. El funcionamiento es para el depósito de todo tipo de prendas de vestir; ropa de hogar en general, como mantas, sábanas, edredones, colchas, cortinas, toallas, etc.; calzado; y complementos diversos, como cinturones, corbatas, tirantes, bufandas, guantes, bolsos, carteras, etc. Se hará sin ninguna limitación de horarios y todos los días de la semana.
Se estimaba un pago obligado de 700 euros por contenedor y año como contraprestación por el uso privativo del dominio público con estos contenedores. Así, incluía una cantidad máxima de 28.000 euros anuales, que por cuatro años, ascendería hasta los 112.000 euros.