Estación de autobuses de Benidorm. Foto: RAFA MOLINA BENIDORM. El Ayuntamiento de Benidorm ha emitido un decreto informando del sobreseimiento del expediente sancionador de la infracción urbanística de la estación de autobuses. Éste tiene dos puntos, por el cual, archiva el expediente a Estación de Autobuses de Benidorm SL, mercantil de Enrique Ortiz, porque entienden que se trata de unas obras legalizables "al estar amparadas por el acuerdo plenario de fecha 22 de diciembre de 2006 y licencia de ocupación de 19 de diciembre de 2007”. Argumentación que esgrimió en su momento el concejal de Urbanismo del PSOE, Rubén Martínez.
Con esto, se refieren a los 1.750,29 m2 en edificación con uso comercial y las dos plantas de 1.091, 95 m2 cada una en el hotel, sumando un exceso total de 4.121,20 m2, sin ajustarse a lo aprobado en los expedientes de licencia de obra, tal y como figura en el decreto.
Pero en un segundo término, incoan un expediente sancionador por "haber iniciado las obras de legalización según proyecto presentado en fecha 21 de febrero de 2008, sin haber obtenido la preceptiva licencia de obra".
Según indicó la concejal de Urbanismo, Lourdes Caselles, lo que reclaman es que hicieran las obras del modificado –que luego fue anulado por el TSJ– sin que el Ayuntamiento le diera licencia de obra.
Es decir, archivan la causa de exceso de edificabilidad basándose en los acuerdos plenarios en los cuales se da "legalidad" a estos parámetros que en un principio no contemplaba el proyecto. Pero por otro lado, abren expediente por haber iniciado dichas obras sin la licencia oportuna del Ayuntamiento.
Por su parte, el ahora portavoz del PSOE, Rubén Martínez, aseguró que todo se hizo de manera correcta durante su gestión. Tenían que decidir entre su demolición, o la legalización de la obra, como así optaron por ser "un edificio público y poder ajustarse al Plan General".
El decreto hace referencia a un informe del arquitecto municipal de 2014, por el cual explica que el exceso de obra que motivó dicho expediente de restauración de la legalidad urbanística "es legalizable y tiene un presupuesto de ejecución material a nuevo de 3.574.755,02 euros. Para ello en fecha 21 de febrero de 2008 (RGE 6304), se presentó un proyecto de obra mayor para la legalización de las mismas".
El expediente se abrió en febrero de 2017, y un mes después el empresario presentaba alegaciones ante la resolución de Urbanismo. En su momento, el abogado de la empresa esgrimió la caducidad de dicho expediente para que se archivara. La edil de Urbanismo, Lourdes Caselles, explicó a este diario que ahora se abre el expediente sancionador después de que hayan archivado la infracción urbanística toda vez que "Rubén Martínez la legalizó".
