Foto: I. CABALLER (Les Corts)VALÈNCIA. El comité de empresa del Hospital de Dénia, donde el grupo sanitario Ribera ha tomado el relevo de DKV como accionista mayoritario, ya tiene fecha para la reunión que venía reclamando con la consellera de Sanidad para exigirle de nuevo que impida la venta de acciones en Marina Salud, concesionaria del departamento de La Marina.
Será el próximo 2 de febrero cuando Ana Barceló reciba a los representantes de los trabajadores, casi tres meses y medio después de que estos le pidieran por primera vez la reunión y más un mes después de que la Sindicatura de Greuges abriera una investigación para investigar a la Conselleria de Sanidad por su negativa a facilitar documentación relacionada con la compraventa del centro, así como a detallar qué acciones se han iniciado para impedir dicha operación.
Barceló accede a recibir a los trabajadores tras ser apercibida por la Sindicatura de Greuges para que cumpla el deber de dar respuesta a la solicitud de información de los trabajadores. Así consta en un escrito del organismo que dirige Ángel Luna del pasado 19 de enero como parte del procedimiento abierto tras la queja de los empleados, donde también pone en su conocimiento que Barceló tampoco ha le remitido a la Sindicatura la documentación reclamada.
Se trata del informe de la Abogacía de la Generalitat en el que, según aseguró Ana Barceló al comité de empresa y la junta de personal de Dénia el pasado septiembre, iba a basarse la Conselleria de Sanidad para impugnar el traspaso de acciones entre los socios de Marina Salud al no haber recabado la autorización expresa y previa de la administración. Como publicó Valencia Plaza, a pesar de que, según Barceló, ese informe apuntaba de forma "clara y concluyente" que esa autorización debería haber existido, Sanidad aún no ha iniciado ninguna acción contra esa operación.
No obstante, la negativa de la consellera a informar al comité de empresa y a facilitar el documento motivó la interposición de la mencionada queja ante la Sindicatura de Greuges que sigue su curso. El último movimiento del organismo ha sido remitir a Sanidad una Resolución de Consideraciones cuyo objetivo esencial es instar a la Conselleria de Sanidad a cumplir el deber responder a la solicitud de información que se le dirigió el 21 de septiembre.
El Síndic de Greuges decidió iniciar una investigación a finales de noviembre al considerar que podría haberse conculcado los derechos de los trabajadores del departamento de La Marina, que habían reclamado sin éxito información sobre la operación de venta de acciones tanto a la Conselleria de Sanidad y como a la de Transparencia.
En la resolución de inicio, el Sindic ya señalaba que la "inactividad" de las consellerias señaladas "podría afectar al derecho" de los promotores de la queja "a una buena administración". En la misma, el adjunto segundo al Síndic, Carlos Castillo Márquez, daba un mes a los dos departamentos a remitir un informe "detallado y razonado sobre los hechos que han motivado la apertura del presente procedimiento de queja, junto con su valoración sobre la posible afectación al derecho invocado".
En su queja, el comité de empresa pedía también al Síndic que se interesase sobre si la operación de compra y venta accionarial "se va a realizar mediante la simple fórmula de 'toma de razón', en contra de la normativa vigente y de lo que señalan los informes previos de la Abogacía de la Generalitat, en vez de requerir la autorización expresa y previa de la Administración (...)" y también sobre las posibles acciones legales emprendidas.
Los representantes de los trabajadores remitieron la semana pasada a Ana Barceló una tercera petición para que les recibiera y les entregara el informe de la Abogacía porque en septiembre del año pasado se comprometió con ellos a hacerles llegar el informe "en cuanto tuvieran otro más detallado que recogiera las medidas que se podían llevar a cabo para contrarrestar la operación, algo que no ha llegado a suceder", refleja el comité de empresa en su último comunicado.
Además, el comité aseguró que Ximo Puig les transmitió en un "encuentro informal" su intención de "interesarse personalmente en el asunto". "Todavía seguimos sin tener conocimiento de para qué ha servido ese interés", criticaron los empleados.
