Ana Barceló. Foto: EPVALÈNCIA. El pasado 20 de septiembre, con los trabajadores del Hospital de Dénia pidiendo insistentemente la dimisión de Ana Barceló por no impedir la venta de este centro hospitalario, la consellera de Sanidad se presentó ante el comité de empresa y la junta de personal para anunciarles su intención de impugnar el acuerdo por el cual el grupo sanitario Ribera se haría con el 100% de las acciones de Marina Salud, la firma concesionaria del departamento de La Marina.
Lo haría, según les explicó, avalada por un informe de la Abogacía de la Generalitat que le amparaba para frenar el traspaso del 65% de las acciones de DKV a Ribera Salud por no haber solicitado autorización expresa y previa a la Conselleria de Sanidad como administración que otorga la concesión.
Sin embargo, más de cuatro meses después, la Conselleria de Sanidad continúa sin haber hecho nada de lo que prometió. En todo este tiempo, ni las empresas que llevaron a cabo la operación ni los representantes de los trabajadores han tenido constancia fehaciente de cualquier movimiento de la administración, mientras fuentes del departamento de Barceló, a preguntas de este periódico, se limitan a responder que no hay "ninguna novedad".
El pasado jueves, el comité de empresa de Marina Salud reclamó por tercera vez a Ana Barceló que le entregase el informe en el que, según les dijo en septiembre, la Abogacía era "clara y concluyente" en su análisis al establecer que debería haberse solicitado una autorización administrativa "previa" al traspaso del las acciones de DKV a Ribera. "El órgano de contratación debe autorizar expresamente y con carácter previo la cesión [accionarial]", detalla ese informe de la Abogacía la Conselleria de Sanidad nunca ha llegado a hacer público.
Dicho informe, sin embargo, no aclaraba cómo la administración podría impedir esa operación mercantil para la que las empresas ya contaban con el visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La consellera de Sanidad conocía el acuerdo de forma oficial desde el 8 de septiembre, cuando la consejera delegada de Grupo Ribera, Elisa Tarazona, y Josep Santacreu, su homólogo en DKV, se reunieron con ella después de formalizar en el registro de entrada de la Conselleria la comunicación del acuerdo de compraventa mediante escritura pública en el departamento de La Marina.
Pese a la promesa de Barceló, su falta de concreción sobre las acciones a tomar no agradó al comité de empresa del Hospital de Dénia, que posteriormente acudió al Síndic de Greuges ante lo que interpretaron como falta de voluntad de la Conselleria de Sanidad para aplicar el artículo de la Ley de Salud de la Comunitat Valenciana que desde 2018 prohibe expresamente que una misma empresa controle más del 40% del accionariado en más de una concesionaria de un departamento sanitario de la Comunitat Valenciana.
En su última carta, los representantes de los trabajadores le recuerdan a la consellera su promesa de remitirles el informe de la Abogacía "en cuanto tuvieran otro más detallado que recogiera las medidas que se podían llevar a cabo para contrarrestar la operación", algo de lo que podría deducirse que, en lugar de en un informe como tal, Barceló podría haberse basado en unas notas solicitadas a la Abogacía ad hoc para tratar de sacudirse entonces la presión de los empleados del departamento.
En la queja que presentaron al Síndic de Greuges, los miembros del comité de empresa del Hospital de Dénia le pedían que indagase si la operación de compra y venta accionarial se iba a realizar "mediante la simple fórmula de 'toma de razón', en contra de la normativa vigente y de lo que señalan los informes previos de la Abogacía de la Generalitat, en vez de requerir la autorización expresa y previa de la Administración (...)".
La duda que surge ante la inacción de la Conselleria de Sanidad es si todavía seguiría teniendo margen de maniobra para frenar una operación mercantil entre dos empresas formalizada hace más de cuatro meses, por más que este traspaso altere la mayoría accionarial de una firma concesionaria de la administración.
Expertos legales consultados por este periódico dudan de hecho de que ese margen siga existiendo. A la luz de la Ley de Contratos del Sector Público, un traspaso accionarial que implica un cambio de mayorías sería asimilable a una cesión de contrato, por lo que para poder llevarse a cabo debería haber contado en principio con la autorización expresa y previa de la administración.
Sobre la base de este argumento, la Conselleria de Sanidad podría haber resuelto anticipadamente el contrato de concesión por incumplimiento de los términos previstos en el mismo. Esa habría sido, según estas fuentes, la vía más lógica y directa si lo que se pretendía era impedir la operación, en lugar de acudir a la jurisdicción civil.
Sin embargo, dado el tiempo transcurrido sin que se haya dado ningún paso, la Conselleria de Sanidad podría haberse quedado ya sin opciones de recurso porque el plazo ordinario para iniciar acciones desde que la administración tomó razón del acuerdo expiraría a los tres meses.
En este caso, el contador se puso en marcha el 8 de septiembre, el día en que la consellera Ana Barceló tomó razón del acuerdo, del que fue informada directamente por los respectivos consejeros delegados de Grupo Ribera y DKV. Las Conselleria podría haber interpretado esa comunicación como una petición de autorización para darle o no el visto bueno, pero transcurridos más de tres meses sin movimiento de la administración, la operación quedaría autorizada de facto.
El comité de empresa registró el pasado 26 de agosto un escrito ante Presidencia de la Generalitat, la Conselleria de Sanitat y la Conselleria de Transparencia en el que reclamaba que se paralizase e impidiera la operación alegando, entre otras razones, el incumplimiento del artículo 64 del Estatuto de los trabajadores, al no ser informado con antelación el Comité de Empresa y no poder realizar informe con carácter previo".
Los sindicatos del centro sostienen que la venta vulnera la Ley de Salud de la Comunidad Valenciana, de 2018, en cuyo preámbulo establece que, para garantizar la libertad de competencia y evitar posiciones de dominio, "es necesario establecer limitaciones en la ostentación y, por tanto, adquisición de títulos accionariales o participaciones de los entes titulares de los contratos de gestión vigentes del servicio sanitario integral en régimen de concesión de los departamentos sanitarios, con el objetivo de proteger los intereses de los usuarios".
Grupo Ribera y DKV acordaron el pasado agosto la compra por parte de la primera del 100% de las acciones de Marina Salud, concesionaria del departamento de salud de La Marina, un traspaso que buscaban desde 2016, cuando la aseguradora alemana movió ficha para salir del accionariado de Marina Salud. Sin embargo, la operación no se concretó entonces por la irrupción de la Conselleria de Sanidad para intentar quedarse las acciones de DKV como vía para cumplir la promesa de Ximo Puig de revertir esta concesión antes de su finalización en 2024.
