El alcalde de Alicante, Luis Barcala, recibe la medalla de concejal en el pleno de investidura, ante la mirada del portavoz de Vox, Mario Ortolá. Foto: RAFA MOLINA ALICANTE. El bipartito de Alicante, compuesto por 9 concejales del Partido Popular (PP) y 5 de Ciudadanos (Cs), supera la primera votación en la comisión informativa de Hacienda para poder aplicar modificaciones en el presupuesto municipal de 2019, ya aprobado bajo el mandato del PP en solitario, en abril de este año. La propuesta comprende variaciones en diversas partidas que suman un importe global de 38 millones con el propósito fundamental de impulsar la contratación de las llamadas inversiones financieramente sostenibles (obras municipales sufragadas con el remanente del presupuesto del año anterior) por valor de 27,8 millones.
El acuerdo logró un dictamen favorable de la comisión gracias al respaldo del equipo de Gobierno y del grupo municipal de Vox, alineado de nuevo con PP y Cs como ya sucedió en el pleno en el que se aprobó el régimen de funcionamiento de la nueva corporación. Es decir, el equivalente a 16 concejales de los 29 que componen la corporación municipal: mayoría absoluta. Sin embargo, como ya ha contado Alicante Plaza, los tres grupos políticos opositores del eje progresista -PSPV-PSOE, Unides Podem EU y Compromís- se decantaron por la abstención al no compartir ni el contenido ni las formas de la propuesta.
En resumen, las tres formaciones consideraron que en la modificación se había incluido conceptos que debían haberse tramitado por separado, como el pago de sentencias y de facturas no previstas en presupuesto (OPAs por 1,9 millones); la amortización anticipada de préstamos (4,2 millones) o una ampliación de crédito para determinadas actuaciones que tampoco habían tenido reflejo en el presupuesto ordinario. Además, alertaron de que los proyectos previstos como inversiones sostenibles no servían para corregir las desigualdades entre los barrios de Alicante ni atendían las necesidades más urgentes en zonas especialmente degradadas.
En esta línea, apuntaron que esos proyectos no han pasado la evaluación del interventor municipal -que debe informar y evaluar si encajan en los supuestos de las inversiones sostenibles (básicamente, que su ejecución no genere nuevos gastos)- por lo que podían quedar rechazados sin que llegasen a ejecutarse. Y por último, advirtieron de que prácticamente se había vaciado el fondo de contingencia (previsto para cubrir asuntos sobrevenidos) al derivar más de un millón de euros a la ejecución de determinadas obras que el bipartito había considerado urgentes, así como al pago de diversas sentencias judiciales (en su mayoría, derivadas de expropiaciones o de acuerdos relacionados con el planeamiento urbanístico).
Con esos mimbres, PSPV-PSOE, Unides Podem EU y Compromís ya anticiparon que en el pleno extraordinario previsto para el próximo martes 10 de septiembre podrían reproducir la abstención por la que optaron en la comisión informativa. En esa hipótesis, la propuesta de modificación de crédito quedaría aprobada. Sólo podría quedar rechazada en el caso poco probable de que el eje progresista y Vox cambiasen de criterio para votar juntos en contra. Salvo sorpresa improbable, la modificación de crédito podría quedar aprobada de manera definitiva en el mes de octubre, como auguró la propia edil de Hacienda, la popular Lidia López.
Para entonces, el bipartito confía en poder tener al menos un primer borrador con el proyecto de presupuesto para el próximo ejercicio: el de 2020. Fuentes municipales confirmaron que los ediles de PP y Cs pretenden que esa nueva planificación económica quede aprobada en el pleno al menos de manera provisional antes de que termine el año en curso. Como ya sucedió con el presupuesto ordinario de 2018, el Ayuntamiento no sufrirá el lastre de tener que remitir las cuentas al Ministerio de Hacienda para someterlos a su supervisión, ya que el plan de ajuste quedó cancelado de manera definitiva en 2018.
Las mismas fuentes precisaron que todas las concejalías ya están inmersas en sus estudios de necesidades para que sus peticiones puedan ser tenidas en cuenta. Además, de la ampliación de personal en áreas como Urbanismo, Seguridad o Limpieza, entre esas peticiones de financiación figurarían la necesidad de fondos para acometer inversiones como la reforma y modernización de áreas industriales o la construcción de un nuevo pabellón deportivo multidisciplinar. Al margen de esas posibles inversiones ordinarias, el bipartito mantiene viva la posibilidad de concertar la contratación de un nuevo préstamo bancario para costear parte de esas intervenciones, como también recalcó López este martes.
