Los 29 ediles de la nueva corporación, tras su constitución, en el pleno celebrado el 15 de junio. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. El régimen organizativo de la nueva corporación municipal de Alicante podría terminar despejándose el próximo jueves, 4 de julio. Es la fecha que baraja el propio alcalde, el popular Luis Barcala, para la celebración del primer pleno del mandato, en el que se tratará de sentar acuerdos relacionados con la adscripción de sueldos de los 29 concejales y con el reparto de asesores de los que dispondrá cada grupo político.
Once días después de la constitución de la nueva corporación, y de la toma de posesión de Barcala como primer edil, no se han concretado todavía los términos de la propuesta de distribución que se pretende plantear, más allá de que se aplicará la lógica que se instauró en junio de 2015: que todos los ediles podrán recibir una retribución por su labor política, con el límite legal de las 20 dedicaciones exclusivas que se asignan a los ayuntamientos de aquellos municipios que cuenten con el tamaño demográfico de Alicante.
En principio, todo parece indicar que esa propuesta se dará a conocer a los grupos de la oposición el próximo lunes, en una junta de portavoces previa a la celebración del citado pleno. Y lo cierto es que, en esa reunión, Barcala se ve forzado a buscar el primer pacto con los cuatro nuevos grupos políticos que ejercen funciones de oposición tras las elecciones municipales del pasado 26 de mayo: PSPV-PSOE, Unides Podem EU, Compromís y Vox.
El bipartito PP-Cs necesita al menos la abstención de un edil de otro grupo político para poder aprobar el régimen económico de los 29 ediles de la corporación
¿Por qué motivo? Por la concurrencia de dos circunstancias. La primera, que el bipartito compuesto por PP y Ciudadanos (Cs) gestiona en situación de minoría, con 14 concejales entre 29 posibles. Y la segunda, que el propio Reglamento Orgánico del Pleno (ROP) establece en su artículo 27.4 que es el pleno de la corporación, a propuesta del alcalde, el que determina "qué cargos de la corporación pueden desempeñarse en régimen de dedicación exclusiva o parcial y sus retribuciones". Es decir, que el alcalde es quien asume la competencia de plantear una relación de sueldos, pero, en último término, es el pleno de la corporación quien aprueba o rechaza su propuesta.
Así, para que el reparto de retribuciones diseñado por Barcala pueda prosperar, el bipartito debe reunir más votos a favor que en contra. La mayoría absoluta se alcanza con la suma de 15 concejales, de modo que el equipo de Gobierno requiere como mínimo de la abstención de un concejal de cualquier otro grupo político para que esa distribución de emolumentos quede aprobada: en un hipotético empate (14 síes frente a 14 noes), el alcalde podría inclinar la balanza con su voto de calidad. Y esa misma fórmula también rige por lo que respecta a la asignación de cargos de confianza: el alcalde propone y el pleno dispone, como recoge el artículo 54.3 del mismo ROP.
Por lo pronto, sí parece existir ya una redistribución de dependencias municipales para que cada grupo político pueda ejercer su actividad. Así, salvo cambio de criterio imprevisto, el PSPV-PSOE (con 9 ediles) ocupará las antiguas oficinas del Registro General, en el zaguán del edificio histórico del Ayuntamiento. Los dos ediles de Unides Podem EU y los dos representantes de Compromís, se ubicarán en la primera planta de la parte posterior del mismo edificio, mientras que PP, Cs y Vox, se distribuirán en los despachos situados junto a la antigua sala de la Junta de Gobierno, en el mismo nivel en el que se encuentra el salón de plenos y el salón azul.
