Foto: A.PÉREZ MECA/EPVALÈNCIA (EFECOM). El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso presenta nuevas acciones judiciales contra el impuesto temporal a las grandes fortunas aprobado por el Gobierno, en este caso con un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la orden del Ministerio de Hacienda que aprueba el modelo para su liquidación.
La Comunidad de Madrid no cesa en la batalla en los tribunales contra este tributo, que ya recurrió en marzo ante el Tribunal Constitucional, al igual que hizo Andalucía y Galicia, territorios donde también está suprimido. El recurso fue admitido a trámite pero descartó su suspensión mientras fuera resuelto, como se había solicitado.
En una rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Angel García, ha avanzado la presentación de este recurso que el Ejecutivo de Ayuso lleva ahora hasta la Audiencia Nacional contra la orden que aprueba el modelo para su liquidación, en la que se reitera quiénes están obligados a su declaración, así como el lugar, forma, plazos, condiciones y su procedimiento.
El Gobierno madrileño considera que este tributo de las grandes fortunas "viola" las competencias de las autonomías en materia fiscal y financiera, y afecta sobre todo a los contribuyentes madrileños y andaluces, ha subrayado García.
El Ministerio de Hacienda informó este miércoles de que este impuesto temporal de dos años de duración que afecta a patrimonios netos superiores a 3 millones de euros, ha recaudado en 2023 un total de 623 millones de euros, afectando a 12.010 grandes patrimonios -el 0,1 % del total de los contribuyentes-, que han abonado una cuota media de 52.000 euros.
De los declarantes, la mayoría corresponden a grandes patrimonios de Madrid (10.302 contribuyentes), que han aportado 555 millones de euros; en segundo lugar se sitúa Andalucía, con 865 contribuyentes que han abonado 29,7 millones; y en tercer lugar se sitúa Galicia, con 91 contribuyentes que han pagado 9,8 millones. Las tres comunidades suman más del 95 % de los contribuyentes y de la recaudación.
García ha subrayado que el Ejecutivo madrileño emprende esta nueva acción tras recurrirlo ante el Tribunal Constitucional, ya que considera necesaria la impugnación de todas las disposiciones normativas que deriven de su entrada en vigor.
En coherencia con ello, ha continuado el portavoz del Gobierno regional, en la Comunidad de Madrid este 12 de septiembre se iniciaron nuevas actuaciones ante la sala de lo Contencioso–Administrativo de la Audiencia Nacional contra la orden ministerial.
