VALÈNCIA (EFE). Distintas organizaciones empresariales rechazan los acuerdos firmados entre PSOE y otras formaciones políticas -como Junts o ERC- para la investidura del presidente en funciones, Pedro Sánchez, al considerar que pueden traer consecuencias negativas a la economía, además de "afectar al ordenamiento jurídico, el principio de igualdad o la separación de poderes".
El Instituto de la Empresa Familiar, junto a 18 asociaciones territoriales de este tipo de entidad, entre ellas la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), ha mostrado su preocupación por las consecuencias de estos acuerdos en "la estabilidad institucional, y el estado social y democrático de derecho".
Asimismo, agrega que "España necesita amplios consensos políticos y sociales para acometer reformas estructurales" que sirvan para solucionar "problemas como el desempleo, el desequilibrio presupuestario o el endeudamiento público".
La Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) ha destacado que se trata de "una vulneración del estado de Derecho y de la legalidad constitucional", según relata su consejo rector en un comunicado publicado este martes.
En la misma linea se pronuncia la Asociación de Consultores Inmobiliarios (ACI) -en la que se incluyen BNP Paribas Real Estate, Catella, CBRE, Colliers, Cushman&Wakefield, JLL, Knight Frank y Savills-, que ha puntualizado que podría desembocar en "una pérdida de la confianza de los inversores", ya que las medidas anunciadas "afectarán la percepción de estabilidad y transparencia", claves para la atracción de capital, bajo sus palabras.
Por su parte, la Confederación Española de Jóvenes Empresarios (Ceaje), también en contra de los pactos, enumera que estos pueden generar "la distorsión de la unidad de mercado y deteriorar la imagen de España en el exterior", a lo que añaden que el acuerdo "menosprecia el diálogo social y debilita la paz social y convivencia".
A diferencia de las agrupaciones anteriormente citadas, la patronal catalana Pimec valora el acuerdo relacionado con la amnistía al ayudar a solucionar problemas relacionados con la situación política de la comunidad autónoma, lo que favorecerá a generar un clima de estabilidad para economía y sociedad.
Añade que las medidas que forman parte de los pactos "dan voz a la pequeña empresa", además de considerar una mejora la modificación del Estatuto de Trabajadores para dar prevalencia a los convenios colectivos autonómicos.
Pimec espera que el futuro Gobierno legisle a favor de las empresas de menor tamaño y dé respuestas a cuestiones como "la reducción de la jornada laboral, los despidos o la indexación de los salarios sin afrontar la problemática de la productividad y sin el acuerdo de los agentes sociales".