Avanza el recurso del Lleida que convertiría en papel mojado la salvación del Hércules

ALICANTE. Avanza el recurso contencioso-administrativo del Lleida que convertiría en papel mojado la salvación en los despachos del Hércules avanza.

El conjunto ilerdense anunciaba el pasado viernes que había recibido un día antes un auto del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo en el que se admite a trámite ese recurso por el que pide la nulidad de la resolución del Consejo Superior de Deportes (CSD) que sirvió de base para que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) cancelara por adelantado la Liga regular en Segunda B, sin descensos y con ascensos resueltos en un 'play-off' de ascenso exprés.

Vista de medidas cautelares

El recurso del Lleida iba acompañado de un cautelarísima buscando que se suspendiera el efecto de la citada resolución del 8 de mayo de manera cautelar mientras se resolvía el recurso. Sin embargo el magistrado ha optado por abrir una pieza separada, una vista de medidas cautelares que arranca con la declaración de la presidenta del CSD, Irene Lozano: "El incidente cautelar se tramitará conforme al artículo 131 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, oyéndose por plazo de diez días a la Presidenta del CSD, a la que se oficiará. Fórmese pieza separada", reza el auto.

Tanto la suspensión cautelar del efecto de la resolución del CSD como, por supuesto, su anulación, se llevarían por delante la decisión de la Comisión Delegada de la RFEF de liquidar la Liga en el fútbol aficionado sin descensos.

La ausencia de un Real Decreto-ley

La RFEF se encontró con que en contra de lo que le habían prometido, el Gobierno no dictó un Real Decreto-ley para aprobar la cancelación de las Ligas regulares en el fútbol aficionado y tuvo que contentarse con una resolución del CSD en la que además solo se descargaba la toma de una decisión en la comisión delegada de la RFEF. De haber habido un Decreto-ley, una norma con rango de ley, la controvertida cancelación (hubiese contado con un blindaje infinitamente mayor, es decir, hubiese sido mucho más difícil atacar el regate al Reglamento General y la modificación de las bases de la competición a mitad de temporada que comportó. No obstante, lo anterior (la ausencia de un Decreto-ley) no fue finalmente obstáculo para que la RFEF siguiera adelante y formalizara una postura que tenía mucho de electoralista y que veremos si aguanta un combate en sede judicial.