VALÈNCIA (EFE).El pleno del Consell ha autorizado este viernes el nuevo acuerdo marco para la contratación centralizada de las comunicaciones corporativas de la Administración de la Generalitat, su sector público instrumental y entidades adheridas, por un valor estimado de 186'4 millones de euros y una duración de cinco años.
El objetivo de esta medida es "garantizar una mayor equidad y eficiencia" de las compras públicas y disponer de unas comunicaciones corporativas "punteras", según ha explicado la vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, en la rueda de prensa posterior al pleno.
El acuerdo, que busca avanzar en el cambio tecnológico hacia la digitalización y reducir los costes de los servicios, establecerá las condiciones para la contratación centralizada de las comunicaciones corporativas y de telecomunicaciones, y de los suministros de comunicaciones corporativas de voz y datos y el acceso a Internet.
También fijará los requisitos para la administración, explotación, control y mantenimiento de las infraestructuras y del equipamiento en materia de microinformática y de los sistemas de almacenamiento.
En la actualidad, las diferentes sedes de la Generalitat están interconectadas formando la Red Corporativa de la Generalitat, que permite el acceso desde todas ellas a los servicios ubicados en los CPD corporativos, el acceso a Internet y el transporte de todo el tráfico de comunicaciones necesario para el buen funcionamiento de los servicios públicos.
Al autorizar este acuerdo marco, denominado proyecto AMURA y que sustituye al conocido como Proyecto CESSTIC, el Consell busca gestionar de forma unificada los servicios de comunicaciones corporativas y asegurar enlaces y redes ágiles, seguras y avanzadas para el funcionamiento óptimo de la Administración, no solo entre los empleados públicos sino también los destinatarios de las mismas, que es en última instancia la ciudadanía.
El contrato marco AMURA se llevará a cabo en dos fases, en la primera de las cuales se determinarán las condiciones para la prestación de los suministros y servicios, con 7 lotes diferenciados para la conectividad de sedes, servicios de voz, acceso a Internet, dispositivos móviles y servicios de gobernanza.
También se fijarán los precios unitarios de suministros y servicios asociados y se seleccionará a las empresas que tendrán que ofrecer los suministros y servicios objeto del acuerdo.
En la segunda fase, se concretarán las condiciones y obligaciones a las que tendrán que ajustarse los contratos basados en este acuerdo, diferenciando tres formas distintas de contratación en función del lote.
El plazo de vigencia de este acuerdo marco será de cinco años desde su formalización, aunque si cuando venza no se ha formalizado uno nuevo acuerdo marco y está "en riesgo la continuidad de la prestación de los servicios como consecuencia de acontecimientos imprevisibles", se podrá prorrogar que se apruebe el nuevo, con un máximo de 9 meses.
Este acuerdo marco, cuya autorización únicamente regula las condiciones para la adjudicación de los sucesivos contratos durante su vigencia, será de obligada adhesión para todas las Consellerias y las entidades del sector público instrumental.
Por adhesión previa voluntaria se podrá aplicar a los organismos estatutarios, la Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, la Universitat de València, la Fundación ADEIT y la Diputación de Valencia, según la reseña del pleno del Consell.
