Así es la 'Carta de Alicante' de Compromís: hacer uso de los superávits; flexibilidad contractual e inversión en Cercanías

ALICANTE. La coalición Compromís ha reclamado este martes superar las limitaciones impuestas en 2012 por el Gobierno central a la autonomía municipal en materia de gasto y, para ello, ha reclamado reformas de la financiación municipal y una modificación definitiva de la Regla de Gasto aplicable a las administraciones locales con superávits continuados.

El documento, denominado la Carta de Alicante, viene firmado por los representantes de la coalición en los ayuntamientos de la provincia y es un primer documento "abierto al resto de partidos y agentes sociales y económicos" para impulsar la acción local mediante un nuevo marco normativo estatal y nuevas inversiones. Se presentará al resto de grupos políticos con representación en la Diputación de Alicante para que sea respaldada y remitida a Madrid.

La Carta se ha presentado en el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA), en el marco de un foro de la Diputación de Alicante por el 40 aniversario de los ayuntamientos democráticos. Al acto de presentación han acudido los alcaldes y alcaldesas de Compromís en la provincia de Alicante, así como los portavoces de los municipios mayores de 20.000 habitantes.

La coalición ha denunciado la situación que sufren los ayuntamientos, que se enfrentan a "serias limitaciones" como "la falta de inversión directa en infraestructuras o la imposición de cambios unilaterales por parte del Gobierno de Madrid que traban el trabajo del que de hecho es la primera línea de acción política y de gestión ante la ciudadanía".

 La Carta de Alicante plantea una reforma financiera de la administración Local con criterios "de corresponsabilidad fiscal" y que, específicamente, tenga en cuenta el peso poblacional, la carga turística y la tipología urbana en la hora de contemplar el coste de los servicios  públicos. Así, Compromís ha propuesto que aquellos consistorios con un superávit continuado puedan "ampliar el margen de gasto no financiero, el catálogo de las inversiones consideradas financieramente sostenibles, al tiempo que incrementar los supuestos que permitan el aumento del gasto o la consignación de gastos extraordinarios".

Más flexibilidad para contratar puestos amortizados

El documento también reclama "un mayor margen" para las convocatorias de ocupación pública que atienda "a la recuperación de los puestos de trabajo amortizados desde 2010" por las bajas tasas de reposición. "Se ha hablado mucho en los ayuntamientos de este tema pero no se ha hecho nada por ninguno de los gobiernos del Estado", ha manifestado el portavoz de la Diputación Gerard Fullana.

Fullana ha lamentado que la extrema derecha hable de los gobiernos autónomos y de los ayuntamientos "como si fueron un problema y es a la inversa". "Los que están sustentando económicamente al Estado son los ayuntamientos, que son los que tienen este dinero de superávit que no les dejan utilizar", ha precisado y ha defendido que se trata de "instituciones donde se vuelcan los servicios públicos de primera línea". Por ello, y ante el anuncio de un posible gobierno entre PSOE y Podemos "que no incluye ninguna medida municipalista", Fullana ha incidido: "Lo que deseamos es que la Carta de Alicante sea válida para todos los pueblos de la Comunitat Valenciana y también extrapolable al resto de España".

Inversión en Cercanías e Instituto de Emergencia Cimática 

El documento incluye además el cumplimiento de las previsiones del Plan de Cercanías en la provincia abordando de forma prioritaria inversiones como el Tren de la Costa Gandia-Dénia-Benidorm-Alicante; la conexión ferroviaria con el aeropuerto de Alicante y con el Puerto; la electrificación y aumento de frecuencias de la línea Alicante-Elche-Orihuela-Murcia y la ejecución del ramal hasta Torrevieja; así como ejecutar las inversiones para la modernización de la línea Xàtiva-Alcoi.

Asimismo, Compromís ha planteado la necesidad de crear un Instituto de Emergencia Climática como "órgano competente de ámbito estatal, con sede en la Vega Baja, desde donde poder implementar una estrategia política integral en la materia". "La acción municipal frente el cambio climático tiene que ser una de las patas centrales del Instituto de Emergencia Climática", han afirmado.