ALICANTE. El goteo continúa. La instalación de asentamientos alegales en parcelas de suelo rústico prosigue en varias localizaciones de las partidas rurales de Alicante incluso después de que la movilización de los residentes haya forzado, finalmente, la intervención de la administración, con la apertura de cerca de una veintena de expedientes de infracción a cargo de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio (AVPT).
La tramitación de esos expedientes de restauración de la legalidad sigue en curso, a la espera de que se completen informes técnicos en colaboración con la Concejalía de Urbanismo, con el propósito de promover el desmantelamiento de las edificaciones que se hayan levantado de forma irregular. Sin embargo, esa intervención pública no ha evitado que se continúe produciendo la segregación indebida de parcelas, su venta troceada y la implantación de chabolas, caravanas, mobile homes o contenedores, generando núcleos habitados al margen de toda autorización o permiso.
Así lo atestigua, cuando menos, el incremento del número de casos denunciados desde el pasado mes de mayo por los residentes de varias partidas rurales, que siguen detectando la aparición de nuevos asentamientos con la agravante de que parte de ellos (al menos 15, según los vecinos) se instalan sobre zona de rambla (la conocida como 'Rambla del Conejo' o Rambla de la Cañada del Fenollar: un cauce natural que desemboca en el barrio de San Gabriel, según recalcan los residentes, que queda delimitado en el Plan de Acción Territorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat (Patricova).
En consecuencia, según alertan los vecinos, la instalación de esos asentamientos -a los que se suma la presencia de una granja avícola que ejerce como muro pantalla en la misma rambla, a cerca de 200 metros del colegio de la partida- queda expuesta al riesgo de posibles avenidas de agua y arrastres sobre el curso bajo de esa rambla en caso de que se registren episodios de lluvias torrenciales, como las Danas que han provocado hasta 219 fallecimientos en distintas localidades de Valencia y que han generado destrozos en otros puntos del sureste del país, desde finales de octubre.
Hasta el momento, entidades como la Asociación de Vecinos de La Cañada del Fenollar han recopilado ya una treintena de denuncias (en varias de las cuales se incluyen hasta una decena de referencias catastrales diferentes) alertando de esa práctica irregular sobre solares de distinto tamaño, con superficies de entre 2.207 y 24.672 metros cuadrados en función de cada caso. La situación se seguiría extendiendo, además, tanto en La Cañada del Fenollar (en puntos como el camino de La Molineta), como en El Moralet, en Verdegás o en El Moralet, con la detección de al menos un aviso vecinal diario, según fuentes consultadas.
Lo cierto es que esa treintena de casos contabilizados y trasladados tanto a la AVPT como a la Concejalía de Urbanismo supone el doble de los registrados hasta hace un mes, cuando trascendió esa labor de denuncia vecinal, así como los detalles del sistema utilizado por los responsables de esa práctica irregular -al parecer, un mismo grupo de particulares- para comercializar las parcelas, con publicaciones a través de internet y de aplicaciones especializadas en la venta de distintos tipos de productos (no necesariamente especializadas en el sector inmobiliario).
Además, la implantación de esas nuevas edificaciones se estaría produciendo ahora en horario nocturno con la supuesta intención de que su instalación pudiese pasar por inadvertida. "Ahora vienen por la noche, generando menos ruido", señalan los residentes, una vez constatada su labor de vigilancia. Con ello, según recalcan, se pretendería eludir la posible actuación de la Policía, al ser un horario con menor disponibilidad de plantilla para constatar ese comportamiento, en el caso de que se produzcan avisos vecinales.
De ahí que los residentes persisten en la reivindicación de medidas efectivas que eviten la proliferación de ese tipo de asentamientos, más de cinco meses después de que registrasen sus primeras denuncias ante la administración y de que acudiesen a la Sindicatura de Greuges para exponer la falta de respuesta por parte del Ayuntamiento y de la Conselleria de Medio Ambiente, que no se sustanció hasta el mes de octubre, con la apertura de los primeros expedientes. Todo, a pesar de que la presencia de esas edificaciones irregulares también se abordó en la reunión de la Junta de Distrito número 5 celebrada el pasado mes de julio, con la presencia de representantes del equipo de gobierno, como el edil de Seguridad, Julio Calero, según subrayan representantes vecinales consultados.