BENIDORM. El presidente de la asociación de apartamentos turísticos de la Costa Blanca (Aptur), Miguel Ángel Sotillos, lo tiene claro: "Esto es la guerra y nos quieren exterminar. Hay que tener claro entre todos si nos dejamos o luchamos", dijo este jueves en el marco del IV Congreso Nacional de Apartamentos y Viviendas Turísticas organizado por dicha asociación. El evento, que contó en su apertura con la participación de la directora de Turismo, Raquel Huete, tuvo un marcado carácter reivindicativo aprovechando que se encontraban las asociaciones más importantes de la Comunitat del sector.
La mención de Huete no es casualidad, después de sus palabras, fue la figura más recurrida durante el discurso de cada uno de los presidentes de dichas asociaciones. Esta defendió la Ley de Turismo que está poniendo en riesgo el registro de nuevos alojamientos turísticos después de que les pidan una compatibilidad urbanística que los ayuntamientos se están negando a dar por no figurar dentro de su Plan General de Ordenación Urbana. Hay que tener en cuenta que las cartas urbanísticas datan del pasado siglo y no preveían el fenómeno de las plataformas web ofertando alojamientos turísticos.
En este sentido, la directora general de Turismo recalcó que "se trata de establecer fórmulas de coordinación, que permitan que tanto ayuntamientos como Generalitat compartamos información para poder registrar las nuevas viviendas turísticas" y añadió que "los ayuntamientos deben ser conscientes de los espacios en su plan general que se contemplan para el alojamiento turístico y no vivir de espaldas a esta realidad".
La mesa redonda con los presidentes de las asociaciones la comenzó Sotillos, quien indicó que ellos no ejercen ninguna actividad en esos pisos: "Si lo dicen porque nos lucramos, que le digan lo mismo a los alquileres de larga estancia", señaló.
Mariano Espinosa, presidente de la Asociación Empresarial de Alquiler de Viviendas de la provincia de Alicante (AEA), criticó la petición de certificados de compatibilidad, al mismo tiempo que recordó que era un apartado que no estaba incluido hasta el último momento de su aprobación. "Ni siquiera nos conceden una provisionalidad", dijo Espinosa, quien reclamó que se aprobara una moratoria para que todos los departamentos se actualizaran y no bloquearan el registro de viviendas turísticas.
Por su parte, Alfredo García, presidente de la Asociación de Empresas Gestoras de Bloques y Viviendas Turísticas de Alicante (ABTA), dijo que la situación estaba llevando a los empresarios a dos opciones: abandonar el mercado legal o acudir a los tribunales. "En los últimos años no ha habido una sobreoferta, como han dicho, si no que responde al incremento de una demanda", aseveró García.
El nombre de Huete volvió a salir en el debate en el discurso de Óscar Ferrairó, presidente de la Asociación de Apartamentos de Alquiler de Gandia (ALOGA). "Huete decía que había una coordinación, yo creo que lo primero que tendrían que haber hecho es informar a los ayuntamientos, que no sabían ni que teníamos que pedir un certificado de compatibilidad urbanística", criticó Ferrairó.
Asimismo, indicó que el problema en Gandía comenzó en septiembre, cuando terminó la temporada. El empresario afirmó que en esta ciudad valenciana tienen que desasignarse durante el invierno porque no trabajan como piso turístico, y por tanto, en verano, cuando vuelvan a entrar en la oferta, unas 2.000 viviendas necesitarán la compatibilidad urbanística que ahora no están queriendo dar.
Francisco García, presidente de ViuTur, explicó su interpretación de la norma asegurando que se tienen que incluir dentro del uso residencial, ya que incluye el permanente o el temporal, este último es el que haría referencia a los apartamentos turísticos. "Pero no lo quieren escuchar porque si no, no pueden hacer política con ello. Dicen que es un uso urbanístico. esto no existe, hay un uso residencial, es una entelequia para engañarnos", comentó García.
A continuación tomó la palabra Horacio Alonso Vidal, socio de Devesa&Calvo. El abogado aconsejó que lo primero que tienen que hacer una vez que le deniegan las solicitudes de compatibilidad urbanística es ir a los juzgados a poner un contencioso. De igual modo, señaló que el planeamiento urbano de Benidorm tiene argumentos suficientes para que se arpueben dichas compatibilidades. "Lo que hay que luchar es en contra de las interpretaciones que se están haciendo de la ley. Si hay conformismo por parte del sector, la interpretación será cada vez más homogénea. Lo que hay que hacer es combatirlo", afirmó.
Pero todo esto pedía soluciones por parte de Sotillos, quien propuso que se uniera todo el sector para ir a una contra la ley en los tribunales. Así, reclamó "poner dinero entre todos, contratar uno o varios despachos de abogados e ir a por todas. Tenemos que pedir nuestros derechos, ejercitar para que se nos reconozcan y reclamar responsabilidades económicas y penales a aquellos que lo hayan interpretado, incluido los políticos", amenazó.
A continuación, Espinosa dijo que una de las formas que hay para cambiar este rumbo que están tomando las administraciones es cambiando a las personas que tienen poder sobre ellas. En este sentido se mostró José Villanueva, presidente de AVAEC, quien dijo que "cada municipio, dependiendo de su ideología, serán más proclives a darnos la compatibilidad. Es un sector politizado".
Sotillos recalcó que tienen que hacerse notar, ya que son 62.000 familias afectadas por la nueva ley que también votan.
Por último, en la misma mañana se presentó un estudio encargado por Fevitur en el que dejaban en evidencia del poder de los apartamentos, así como datos con los que querían desmentir dos afirmaciones que se han estado escuchando en el último año: que los apartamentos quitan clientes a los hoteles y que son responsables de la subida del alquiler anual.
Por un lado, indicaron que tanto en apartamentos como en hoteles ha subido el número de turistas, en el periodo de 2010 a 2017 en la Comunitat. Por lo que creen que es un reflejo de un boom turístico y no le están quitando clientes a los hoteles porque incluso ellos suben más que los apartamentos.
Por otro lado, y en relación a la ciudad de València, el estudio remarca que las 5.554 las viviendas de uso turístico que hay en la ciudad, representan solo el 1,32% del parque total de viviendas de la ciudad –419.930 viviendas en total. Según la consultora encargada del documento, InAtlas, el encarecimiento del alquiler se debe entre muchos otros factores al aumento de la población con un mayor poder adquisitivo, a la mejora de la economía y la reducción del paro y no debe atribuirse a la oferta de vivienda turística vacacional.