Antifraude ve irregularidades en la contratación de un asesor jurídico para Bienestar Social en Callosa

CALLOSA DE SEGURA. La Agencia Valenciana Antifraude ha remitido una serie de recomendaciones al Ayuntamiento de Callosa de Segura tras detectar una serie de irregularidades en la contratación de un asesor jurídico para el departamento de Bienestar Social que ha venido desempeñando también su función en otras áreas municipales desde 2019. El organismo recibió la denuncia por la creación de un puesto de asesor jurídico sin ajustarse a las previsiones legalmente establecidas. Tras escuchar las alegaciones del Ayuntamiento de Callosa, el organismo recomienda que finalice la tramitación en la que se encuentra el procedimiento reglamentario para la creación de los puestos de trabajo del"Equipo de Servicios Sociales de Base", y que se proceda a la planificación para dar cobertura definitiva a los citados puestos conforme al procedimiento que legalmente proceda.

La contratación para este puesto de asesor jurídico se produjo en 2018, y según la denuncia sin la correspondiente publicidad del puesto. El Ayuntamiento alegó que publicó la oferta a través de Labora. Sin embargo, desde Antifraude consideran que "no queda acreditado que en el procedimiento de selección de la administración municipal, al haberse limitado a remitir una oferta de empleo a SERVEF, hubiera observado los principios del ordenamiento jurídico que rigen la contratación de personal laboral en las administraciones públicas".

Además, esta persona poco después de ser contratada amplió su jornada laboral para prestar servicio de asesoramiento a otras áreas. A este respecto el organismo determina que "durante los ejercicios 2018, 2019 y 2020 ha estado desempeñando funciones propias del personal funcionario de carácter estructural, como técnico municipal en expedientes de contratación y letrada delQayuntamiento representando a la corporación en distintos procedimientos judiciales. Por lo que las mismas no podían ser cubiertas con la contratación laboral específica derivada de la adecuación del Equipo de Servicios Sociales Bases del ayuntamiento, existiendo indicios de contratación laboral de carácter fraudulenta".

El organismo da tres meses al Consistorio para acatar las recomendaciones. Cabe recordar que los dictámenes de la Agencia Valenciana Antifraude no son vinculantes, si bien el organismo dictamina que "en caso de que no aplicar las recomendaciones propuestas, ni justificarse su no aplicación, la Agencia deberá hacerlo constaren la Memoria anual o en un informe extraordinario a les Corts, según corresponda".