BENIDORM. La Agencia Valenciana Antifraude ha iniciado un expediente de investigación para determinar si hay irregularidades en la explotación de la publicidad de las papeleras instaladas en vía pública en Benidorm. Según ha podido saber este diario, el ente autonómico ha comprobado la existencia de "indicios razonables de la veracidad de los hechos" denunciados y puestos en conocimiento del organismo. Así, después de los primeros requerimientos al Ayuntamiento, consideran que siguen sin identificar la empresa que explota este servicio ya que no han enviado el informe solicitado.
La denuncia que llegó a Antifraude pone en duda la legalidad de la publicidad que se muestra en las papeleras de la ciudad al carecer supuestamente de contrato. Una afirmación que ahora tratarán de dilucidar. Todo ello después de haber estudiado las primeras aportaciones del Ayuntamiento, con informes de técnicos municipales que, de momento, no han conseguido despejar las dudas de, organismo valenciano.
Así, señalan que no se informa sobre "el título jurídico habilitante de dicha explotación publicitaria, no se ha acreditado la existencia de concesión administrativa, no se abona canon al respecto, según informa Tesorería y no se ha acreditado que haya autorización administrativa al efecto". Motivo todo ello para considerar que "existen indicios de verosimilitud de los hechos referidos en la denuncia" y "procede iniciar la fase de investigación".
Al parecer, la primera vinculación entre las partes es de febrero de 1996. En aquel momento, se le autoriza a la mercantil Vulture Corporation SL la instalación de 590 "papeleras ecológicas multifuncionales" sin coste alguno para el Ayuntamiento. Pero en septiembre de 1998 se autoriza la cesión de la adjudicación a la empresa que lo ha estado gestionando hasta ahora. Terminaba en 2001, pero en la documentación aportada no hay ninguna resolución que apruebe una prórroga hasta estos días.
Asimismo, aparecen numerosos escritos de la empresa donde se recogen diferentes solicitudes al Ayuntamiento para seguir con la explotación. Ejemplo de ello es uno de 2003, en el que la mercantil se dirige al alcalde de ese momento, Vicente Pérez Devesa, recordando que en septiembre de 2001 pidió continuar con el mantenimiento de estas papeleas y ampliar el número de las instaladas, por un periodo de ocho años. Se estimó favorable y se incluyeron 1.500. A cambio de esta "gran inversión", ese año solicitaban seguir con la publicidad y se mostraban proclives a colaborar con el Consistorio.
También consta por aquellas fechas, y no en respuesta a esta solicitud, un informe del ingeniero municipal que confirma que en ese momento, septiembre de 2003, no disponen de concesión en vigor, por lo que no pueden autorizar la instalación de más papeleras. Aunque sí estima necesario el mantenimiento de estas ya que son de su propiedad.
Un año antes, enero de 2002, el concejal de Urbanismo reconoce que en septiembre de 2001 se le otorga por resolución de Alcaldía la licencia para sustituir el modelo de papelera "manteniéndose las condiciones del régimen de publicidad que era de aplicación a las anteriores".
Ya en 2010, la mercantil vuelve a solicitar al Consistorio que les concedan la redacción de un contrato entre ambas partes para reconocerles que son las explotadoras del servicio. Se basan en la "fuerte inversión" en la compra y mantenimiento de este mobiliario "sin haber estado amparados por documento alguno que nos registrase como empresa que gestiona la publicidad en las papeleras", dice el escrito. Pero parece que se pegaban contra un muro porque sigue sin constar respuesta en la documentación.
En la actualidad, los técnicos municipales calculan que podría haber en torno a las 1.887 papeleras, de las cuales, 406 disponen de publicidad. Uno de los requerimientos de Antifraude pasa por conocer qué ingresos ha obtenido el Consistorio como contraprestación del servicio. En el informe del tesorero firmado el 28 de febrero de 2023, señala que no consta ninguna liquidación "por el concepto de tasa por ocupación de vía pública con papeleras". La búsqueda se basa en los contratos que tengan implicaciones económicas. A su vez, dice desconocer si está dentro del contrato de explotación de mobiliario urbano, que sí que está sujeto a un canon concesional.
Pues bien, el ingeniero municipal explica en su informe del 8 de marzo de 2023 que el contrato adjudicado a Impursa desde marzo de 2021 implica la instalación, mantenimiento y explotación comercial del mobiliario urbano sin que figuren las papeleras. Sin embargo, Antifraude destaca que en los pliegos aprobados en 2019 sí que recogen este servicio.
Con todo, preguntados por este asunto, fuentes municipales aseguran que el Ayuntamiento de Benidorm "siempre ha atendido las solicitudes de información que se les han hecho desde la Agencia Antifraude y respondido en tiempo y forma". De este modo, aseguran que se hizo con la solicitud inicial de este expediente y se hará también con el requerimiento recibido este jueves, para el que hay un plazo de 10 días para contestar. "Esa remisión sistemática de información acredita la absoluta transparencia del Ayuntamiento en este expediente y en todos", concluyen estas mismas fuentes.