ALICANTE. La Agencia Antifraude ha remitido al Ayuntamiento de l'Alguenya, gobernado por el PP -la alcaldesa es la diputada provincial Mari Carmen Jover-, un demoledor informe en el que le insta a poner fin a una serie de irregularidades que se vienen produciendo desde hace años en el contrato de recogida de residuos sólidos y limpieza del mercado. Entre las anomalías detectadas por Antifraude destacan que el contrato lleva cinco años caducado y que no se ha licitado el nuevo; desde entonces, 2017, el servicio lo ha prestado la misma empresa con contratos menores que superan el límite legal e infringen las normas de contratación y que el concejal de Servicios y primer teniente de alcalde, Francisco Manuel Carrasco Valcárcel, es hermano del administrador único de la empresa que presta el servicio en condiciones precarias, además del encargado de supervisar los trabajos del concesionario.
La denuncia fue presentada en febrero de 2021. Tras la remisión de toda la documentación por parte del Ayuntamiento de l'Alguenya, Antifraude incorporó más ilegalidades a las aportadas por los denunciantes. Así que a la caducidad del contrato; las prórrogas sin cobertura legal y a la posible causa de incompatibilidad del concejal por su parentesco de segundo grado con el responsable de la empresa, la Agencia añadió que había más irregularidades, tales como la falta de informes para la modificación del contrato, que se llevó a cabo en noviembre de 2017; facturación duplicada de algunos servicios que ya figuraban en el contrato inicial; concatenación de contratos en servicios periódicos y repetidos; la no fiscalización del contrato con los gastos derivados del servicios, tanto de la recogida de residuos y limpieza del mercado como la apertura y cierre del ecoparque y la ausencia de estos gastos en el portal de transparencia.
Respecto a la prórroga del contratos, Antifraude, de acuerdo con los informes del interventor y las actas de los plenos, reconoce que el contrato vencía en 2017 y era improrrogable. En total, han sido 208.000 euros los que ha facturado la empresa Servicios y Limpieza Carrasco y Gomáriz SL fuera de contrato. También queda acreditado que el concejal de Servicios y Medio Ambiente, Francisco Manuel Carrasco Valcárcel, era hermano del administrador de la empresa que ha prestado el servicio y, por tanto, el edil debió abstenerse en la votación y en la supervisión de las tareas que prestaba la empresa. El concejal participó en la junta de gobierno en la que se aprobó la supervisión de precios a la empresa de su hermano. Por tanto, según Antifraude se constata la irregularidad relativa al conflicto de interés.
Además de ello, el organismo que dirige Joan Llinares también constata que la Junta Local de Gobierno no tenía la competencia para la aprobación de la modificación del contrato, que se llevó a cabo en 2007 y que esa competencia era del pleno. Tampoco consta la causa de la modificación del contrato ni la existencia del crédito adecuado.
También considera Antifraude que hay una serie de servicios incluidos en la oferta del licitador, que posteriormente se facturan a través de contratos menores fuera del servicio, como la aportación de contenedores, limpieza viaria en fiestas, montajes y desmontajes en fiestas. Pese a estar incluido en el contrato, la empresa Servicios y Limpieza Carrasco y Gomáriz SL facturó al consistorio hasta 2017 la cantidad de 104.669 euros, y con el contrato vencido; es decir, a partir de 2017, 38.302 euros. Con la apertura y cierre del ecoparque, la firma del hermano del concejal facturó otros 62.683 euros, desde 2012 hasta 2021 a través de contratos menores. También constata la agencia que todos estos servicios se hicieron sin el trámite de fiscalización y sin figurar en el portal de Transparencia.
En el trámite de alegaciones, el Ayuntamiento de l'Alguenya alegó que los servicios facturados por la empresa fuera del contrato tenían carácter excepcional y complementarios a los prestados ordinario. Sin embargo, Antifraude considera que sigue sin existir justificación alguna de la necesidad del servicio y que deberían estar explicitados de forma detallada. Tampoco están detallados todos los servicios prestados en los contratos menores. Antifraude sólo estima una alegación municipal respecto a que sí está detallada en el portal de la Transparencia todo lo relacionado con el contrato del ecoparque.
De esta manera, la Agencia Valenciana propone, en primer lugar, que se inicie, en un plazo de 20 días, el procedimiento de recusación de concejal Francisco Manuel Carrasco Valcárcel para que no participe más en los procesos en los que aparezca la empresa de su hermano y que pase a tener la condición de concejal suplente de Servicios. En segundo lugar, se concede un plazo de tres al Ayuntamiento de l'Alguenya para que regularice el contrato de la recogida de residuos y que informe de ello al director de Antifraude. En un plazo de seis meses, debe comenzar el procedimiento de regularización. También se conceden seis meses para liquidar el contrato en favor de la empresa Carrascos y Gomáriz SL, que expiró el 31 de diciembre de 2017, y que se revisen los actos que pudieran incurrir en causa de anulabilidad. En cuanto a los actos posteriores a esa fecha que estén en curso, Antifraude propone la revisión de oficio.
Lo sugiere la Agencia Valenciana de los contratos relativos al contrato de la gestión del ecoparque y los servicios prestados fuera de contrato sin cobertura legal: deben revisarse todos los servicios y su pertinente justificación y prestación del mismo. De igual manera, se habla de la fiscalización de los contratos, que no se hizo, y la incorporación de toda la documentación en el portal de Transparencia. Con ello se cierra la fase de investigación y se abre la de seguimiento de las recomendaciones hechas al Ayuntamiento de l'Alguenya.
La alcaldesa, Mari Carmen Jover, del PP, ha confirmado, en declaraciones a Alicante Plaza, todos los extremos del informe y ha asegurado que si el ayuntamiento no ha regularizado ese contrato antes es por la falta del personal técnico después de que el secretario interventor lleve más de un año de baja por enfermedad. Jover ha asegurado que en todo momento ha colaborado con la Agencia Antifraude, que el ayuntamiento no tiene nada que esconder y que cumplirá con todo lo recomendado por agencia, cuando cuente con los medios humanos que se lo permitan.
