Antifraude insta a Callosa a rectificar el baremo de unas oposiciones por beneficiar a su funcionariado

CALLOSA DE SEGURA. La Agencia Valenciana Antifraude ha instado al Ayuntamiento de Callosa a que revise de oficio el expediente de aprobación de los criterios que regirán las bases para la cobertura de las plazas de la oferta de empleo público extraordinaria con motivo de los procesos de estabilización y consolidación, "al haberse incurrido en causa de nulidad de pleno derecho que recoge el artículo 47.1.a) de la misma ley, por cuanto se han vulnerado derechos constitucionalmente protegidos". El motivo de la denuncia se basaba en la existencia de una puntuación excesiva de méritos de experiencia en los procesos selectivos del Ayuntamiento de Callosa.

En concreto, la denuncia apuntaba que para alcanzar la máxima puntuación de experiencia si no has trabajado en el Ayuntamiento de Callosa, se ha de haber cotizado 83 años, lo que infringe el principio de igualdad. En este sentido, desde Antifraude también piden al Consistorio "establecer en las bases generales y específicas de las futuras convocatorias de provisión de puestos para el Ayuntamiento de Callosa de Segura, una baremación de puntos en la fase concurso, que no implique una discriminación por experiencia profesional y en caso de existir diferencias de puntuación, fundamentar específicamente la motivación que justifique adecuadamente la misma en criterios objetivos y proporcionales por las características de los puestos convocados y sus singularidades propias en el municipio". 

El organismo entiende, como señalaba la denuncia, que estas bases estaban redactadas para favorecer a los funcionarios interinos del propio Ayuntamiento de Callosa a la hora de la obtención de plaza, dejando en una situación de desigualdad al resto de personas que trabajan en otras administraciones públicas y quisiesen optar a la plaza. Cabe recordar, no obstante, que los pronunciamientos de antifraude y sus recomendaciones no son de obligado cumplimiento, si bien la Agencia realiza un seguimiento de las acciones llevadas a cabo para que se sigan sus recomendaciones, pero carece de potestad sancionadora.