VALÈNCIA. La Fiscalía ha decidido mantener la gran mayoría de peticiones de cárcel en sus conclusiones del primer juicio del conocido como caso Taula. En esta pieza separada se juzgan tres operativas en el centro de las cuales se encuentra la empresa Thematica Events, administrada por Rafael García Barat, pero tras la cual –según los investigadores– se encontraba Marcos Benavent, quien, desde su puesto como gerente de la empresa pública Imelsa, la habría utilizado para beneficio propio mediante el logro de adjudicaciones de forma fraudulenta.
Anticorrupción ha avanzado sus solicitudes de pena antes de presentar el informe completo de conclusiones este martes. A Marcos Benavent, quien ha cambiado su estrategia judicial de colaboración en Taula, le pide los mismos 8 años y tres meses de prisión. Su nuevo abogado, quien no presentó el escrito de defensa al no llegar a tiempo, ha pedido atenuante analógico de cuasi prescripción y dilaciones indebidas.
La Fiscalía solicita igualmente 5 años al exvicepresidente de la Diputación de Valencia y exalcalde de Moncada con el PP Juan José Medina; 11 años y al administrador de Thematica, Rafael García Barat.
Para quien sí que ha rebajado la pena es para el considerado testaferro de Benavent, José Estarlich, quien pasa de una solicitud de cuatro años de prisión a 9 meses después de que la Fiscalía haya retirado la acusación por falsedad en documento mercantil y haya mantenido el de blanqueo.
La rebaja también alcanza al apoderado de Scope Producciones, José Antonio Toledo, y al consejero delegado de la productora Cyan Animatica, Francisco Javier Márquez, para quienes Anticorrupción solicitaba tres años de cárcel. Aunque el fiscal ha remarcado que no ha habido con ellos ninguna conformidad, sí ha señalado que en ambos concurren las atenuantes de confesión (al haber reconocido los hechos) y de reparación del daño por haber abonado una indemnización en cuantía importante. La petición de pena de les queda en 6 meses de prisión, pero Anticorrupción ha solicitado expresamente que se les suspenda la condena.
Respecto a la funcionaria del Ayuntamiento de València Francisca Tamarit, le pide 9 años de cárcel.
Las operativas que se juzgan durante estas sesiones –que en breve llegarán a su fin– son tres. De un lado, el pago de campañas electorales del PP. Fiscalía y juez creen que en los comicios municipales de 2007, Thematica realizó trabajos de campaña para Juan José Medina en Moncada por importe de 11.782 euros que, en realidad, habrían sido abonados por Imelsa a través de elevar costes ficticios en la facturación real con la empresa. De lo cual tendría conocimiento el candidato. Lo mismo habría ocurrido en el caso del actual diputado nacional Vicente Betoret cuando también ese año se presentó a la alcaldía de Vilamarxant. Los gastos de la empresa ascendieron aquí a 8.147 euros. Sin embargo, contra él que no se dirige acusación al estar los hechos prescritos.
Thematica se encargó igualmente de trabajos para el partido en las generales de 2008 por importe de 27.900 euros, cuyo coordinador de campaña era nuevamente Medina. Éstos, destaca la Fiscalía, no fueron declarados y se habrían satisfecho con fondos de Imelsa a través de facturación con cargos que no responderían a los trabajos efectivamente realizados ni al coste real.
De otro lado, se encuentran los supuestos amaños en adjudicaciones, con contratos dados de forma discrecional tanto desde el Ayuntamiento de València para el Bibliobus –una iniciativa de biblioteca itinerante durante el verano–, como para 'Metamorphosis', un espectáculo audiovisual encuadrado entre las acciones que, por parte de Imelsa en colaboración con el Museo Valenciano de Ilustración y Modernidad (MuVIM), se llevaron a cabo para la promoción del año internacional de los bosques.
El último de los hechos que se describen en esta pieza es el posible desvío de fondos de Imelsa a través de la entidad Berceo, considerada meramente instrumental para presunto blanqueo de dinero.
La Audiencia Provincial expone las trampas del partido para financiar las campañas de 2007 y 2011. En esta última no se ha podido demostrar el origen de los fondos
Los magistrados ven acreditada la "mecánica fraudulenta" para la financiación de la campaña: de un lado, el desvío de fondos de la Fundación Turismo Valencia y del Centro de Estrategias y Desarrollo; de otro, un total de 1,6 millones de aportaciones "clandestinas" de empresas, algunas de ellas contratistas del Ayuntamiento