Foto: EP/ARCHIVOVALÈNCIA (EP). La Fiscalía Anticorrupción ha decidido recurrir en queja al Tribunal Supremo el archivo de la conocida como causa del 'pitufeo', dentro del caso Imelsa, para la mayoría de los procesados.
Según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras del procedimiento, el ministerio público, tras estudiar el caso, ha acordado presentar un recurso de queja ante el Supremo contra el archivo provisional decretado por la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia.
El objetivo de este recurso, adelantado por la cadena SER, es conseguir que se reabra este procedimiento --revocar la decisión de los magistrados valencianos y permitir presentar recurso de casación-- que ha estado investigándose durante más de seis años y que únicamente sigue activo para algunos de los procesados como el exvicealcalde de València Alfonso Grau, quien también fue mano derecha de la exalcaldesa Rita Barberá.
También siguen procesados la que fuera secretaria general del grupo, Mari Carmen García Fuster, en su caso por hechos relacionados con los comicios de 2011; y el expresidente de la Fundación Valenciana de la Innovación y el Conomiento (FIVEC) y delegado de CEyD (Centro de estrategias y Desarrollo, Juan Eduardo Santón (por malversación).
El Juzgado de Instrucción número 18 de València acordó el pasado mes de octubre el procesamiento para medio centenar de exconcejales y asesores 'populares' del consistorio por el presunto blanqueo de capitales de 50.000 euros en el grupo municipal.
Frente a esta resolución, los procesados recurrieron y la Audiencia le dio la razón a la mayoría de ellos y les archivó el procedimiento --de manera provisional-- al considerar que no se había cometido ningún delito.
La Fiscalía presentó entonces un anuncio de recurso ante el Tribunal Supremo frente a esta resolución de la Audiencia al considerar que se trataba de un sobreseimiento firme y no provisional --tal y como se indicaba en la resolución del tribunal-- y, por tanto, poder recurrir.
Sin embargo, la Audiencia rechazó tramitar el anuncio del recurso ante el Alto Tribunal, lo que dejó la puerta abierta al ministerio público para presentar una queja que ahora se ha acordado y que deberá estudiar el Supremo.
La causa recibió su nombre de una supuesta operativa de blanqueo atribuida en los comicios de 2015 a 49 exediles y asesores de la etapa de Barberá al frente del consistorio (más el PP).
