En un comunicado, la asociación denunció la situación existente por la que los inversores foráneos puedan ser compensados "por unos drásticos recortes retroactivos, mientras que sus nacionales no tengan ningún tipo de compensación por los mismos quebrantos".
Anpier subrayó que de los 52 demandantes internacionales, 26 ya cuentan con un laudo final favorable, que supondrá para el Estado español, hasta la fecha, un desembolso de unos 2.000 millones de euros, "además del descrédito de aplicar recortes retroactivos en un sector regulado esencial y, tras someterse a los procesos arbitrales, superar a Rusia y a Venezuela como país con mayor incumplimiento de sentencias arbitrales", dijo.
A este respecto, recordó que Reino Unido, Austria, Bélgica y Estados Unidos ya han iniciado procedimientos legales para garantizar a estos inversores sus derechos frente a España.